Coyuntura o cotidianidad: juzgue usted

Escenario

Es obvio que lo contrario a la inseguridad es la seguridad, pero esta no se percibe en la magnitud que los guatemaltecos quisiéremos. Por el contrario, se percibe un ambiente de inseguridad originado por el aparecimiento de cadáveres en las calles y terrenos baldíos. Así, como por los asesinatos que se cometen a cualquier hora del día en la vía pública, sin distinción de edad, sexo -género-, origen étnico o actividad laboral. Igualmente es asesinado un médico que un recolector de basura. En lo que sí coinciden los perfiles, es que en la mayoría de los casos son personas trabajadoras. A la fecha se registran “más de mil crímenes en cuatro meses. Entre los que resaltan 188 mujeres, entre menores y mayores, a nivel nacional” (Nuestro Diario. 10/05/2024).

La percepción de los guatemaltecos es que a los organismos estatales -Ejecutivo, Judicial, Legislativo y MP- responsables de asegurar la vida y los bienes de la ciudadanía, no les preocupa el cumplimiento de estos deberes constitucionales

Los hechos

El Ejecutivo se encuentra enfrentado por las razones que sean -políticas, ideológicas o influencias foráneas-, con la señora fiscal general, situación que ha provocado la formación de grupos, que se manifiestan por las redes sociales con la intención de deslegitimar a sus contrapartes. Para quienes entendemos o inferimos parcialmente el trasfondo, sabemos que esta estrategia terminará polarizando a la sociedad urbana con la rural, ya que sus manifestaciones de calle no lograrán sus objetivos, solo obstaculizar la libre locomoción a la protegida por la Constitución.

Pero, hay otra confrontación indeseable entre el Ejecutivo y el Legislativo y, cierto grado de tensión política de estos organismos, con la Corte de Constitucionalidad por el amparo en favor de la Fiscal General.

 El presidente, sabido que no cuenta con el respaldo popular y, ante el fracaso de las negociaciones con los diputados, se acuerpó con sus diputados y ministros de Estado. uniéndose también las autoridades de los indígenas, que reclaman el liderazgo por la defensa de la democracia mediante un comunicado (09/05/2024), en el cual exigen la aprobación de la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuya modificación favorece -según ellos- la remoción de la Fiscal.

Recordándole a los diputados que asumieron sus cargos, que su estadía en el Congreso se debe a la “incansable lucha en defensa de la democracia”, de este conglomerado.

La violencia verbal se ha excedido al extremo de que otro grupo de lideres indígenas, solidarios con la hoja de ruta del presidente Arévalo para remover a la fiscal general, la han declarado “la enemiga número uno del pueblo de Guatemala” (P.L. 08/05/2024). Entre tanto, la Fiscal General se “… reunió este miércoles 8 de mayo, con líderes de comunidades de diferentes departamentos del país, con el objetivo de atender sus requerimientos y necesidades de justicia” (#MPfuerteYfirme)

Los congresistas

Algunos diputados consideran que existen otros temas que deberían de ser tomados como prioritarios, además de considerar que la disputa entre Arévalo y Porras es de carácter personal. Tal como lo expresó el diputado Nery Rodas, tercer vicepresidente del Congreso e integrante del bloque Cabal: “A mí parecer esto ya es personal. Al presidente también le hacen falta muchas cosas que uno quisiera ya haber visto en estos cuatro meses. Nuestra educación es tan débil, pero el único cambio no puede ser solo ir a pintar una escuela” (P.L. 07/05/2024)*  

Otros diputados se pronuncieron de manera similar: Lucrecia Marroquín, subjefa de bloque Unionista. “… consideró que existen problemas económicos que afectan a buena parte de la población que no son tomados como una prioridad para el Ejecutivo” (*). A la que se unio la diputada Sandra Jovel, integrante del bloque Valor, que: “… declaró que el problema que mantiene el presidente con la fiscal general radica por la investigación que se abrió contra el que era el nuevo partido de gobierno” (*).

Después de esta fallida reunión del Congreso, los congresistas decidieron ausentarse de las sesiones plenarias, argumentado amenazas, otros pidieron más tiempo y los más listos pidieron licencia para ausentarse. Queda un grupo cuya cantidad se desconoce, que no están dispuestos, ni siquiera a conocer la reforma solicitada por el Ejecutivo.

Lo triste, es que este pulso político ocurrió justo al inicio de la cumbre para tratar asuntos relacionados con la migración y la seguridad, encabezada por el Secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y, en la cual nuestro país fue el anfitrión.

Reflexiones finales

Mientras las diferencias entre el presidente y la fiscal se sustenten por medio de los medios legales establecidos, no hay por alarmarse. El peligro, es la creación de grupos en pro de ambos funcionarios. Como también lo es, que los diputados no asuman la responsabilidad de conocer y resolver las peticiones que les llegan dentro del Estado de Derecho, como lo ha hecho en su momento la Corte de Constitucionalidad. Para cerrar el presente artículo, dejo transcrito el preámbulo de la Constitución vigente:

Invocando el nombre de Dios

“ Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural; decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho”, SOLEMNEMENTE DECRETAMOS, SANCIONAMOS Y PROMULGAMOS LA SIGUIENTE Constitución Política de la República de Guatemala. 1985