Usurpación de tierras, un delito que involucra al crimen organizado

Ayer se desalojó pacíficamente la finca Tzinte, en El Estor, que permaneció ocupada ilegalmente durante ocho años. Mientras la familia afectada tanto tiempo por la usurpación de su propiedad se congratuló, el Comité de Unidad Campesina (CUC), grupo que promueve las ocupaciones de propiedad, lanzó un comunicado condenando la acción judicial.

Redacción

Ocho años es mucho tiempo cuando grupos de personas organizadas se apoderan de una propiedad, ocasionando daños irreparables y cuantiosas pérdidas a los legítimos propietarios. En Guatemala, la ex fiscal Claudia Paz y Paz emitió directrices para que las autoridades actuaran durante los desalojos, lo que según analistas y abogados, es ilegal porque habría usurpado funciones del Congreso, violando el artículo 256 del Código Penal y favoreciendo a grupos criminales, afirmó la ex candidata a la vicepresidencia y analista Betty Marroquín en un artículo de opinión.

A partir de las directrices de Paz y Paz, la acción contra las usurpaciones de propiedad se relajó y las invasiones se multiplicaron. Hasta 2021, el Ministerio Público (MP), contabilizaba 19,051 casos de un delito tipificado en los artículos 256 y 257 del Código Penal, donde se establece que «la permanencia en el inmueble constituye flagrancia en el delito».

Como contraste, entre 2017 y 2021 solamente se ejecutaron 68 desalojos.

Crimen organizado, vinculado a usurpación de propiedad

En 2021, la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro), dio a conocer en un medio digital la complejidad de las mafias que organizan las usurpaciones de propiedad en el país. Dichas mafias se extienden desde los grupos de pandillas o «maras» en áreas urbanas, hasta organizaciones amparadas con la defensa de los campesinos, como el Comité de Unidad Campesina (CUC), involucrado en el negocio de las usurpaciones.

Estos grupos que promueven las invasiones estafan a campesinos quienes creen que están comprando tierras por sumas entre Q3 mil y Q5 mil para «apartar el terreno». Los engañados son llevados en buses a los lugares previamente ocupados ilegalmente por grupos armados, y cancelan los Q25 mil que les piden para la medición de las tierras. «Luego desaparecen», dijo el entonces vocero de Acdepro.

En estas mafias, además de grupos supuestamente campesinos, están involucrados funcionarios, líderes políticos, autoridades locales, y delincuentes comunes.

En El Estor, donde se realizó el reciente desalojo pacífico, cerca de 90% de tierras ha sido invadida en algún momento. Izabal, Cobán, El Estor y la zona del Polochic parecen abandonadas por las autoridades, donde usurpadores reciben a balazos a las autoridades y se quedan varios años usufructuando propiedad ajena.

Ayer, la familia Arriaza Mayorga pudo ver el fin del calvario que se extendió durante ocho años. Según el CUC, la orden de desalojo presentaba inconsistencias legales, aunque la ley es clara en que la usurpación referida se produjo con agravantes, como el hecho de que hubo mucho más de cinco usurpadores y la permanencia se extendió durante ocho años y un mes.

CUC victimiza a usurpadores

Ayer, poco antes del desalojo pacífico, que se realizó a las seis de la tarde, el CUC emitió un comunicado donde presenta su perspectiva de la situación y afirma que «poderes ocultos» propiciaron que una propiedad usurpada fuera devuelta a sus legítimos propietarios.

Un elemento que denota la tendencia del grupo conocido por promover usurpaciones, que además recibe millones del extranjero, es que se refieren a la finca Tzinte como «la comunidad Buena Vista Tzinte», legitimando al grupo de familias que llegó a ese lugar hace ocho años, probablemente estafados creyendo que habían comprado tierras, o en el peor caso, como parte de un grupo ejecutando un acto criminal: la usurpación.

Aunque el CUC exigió el respeto a la permanencia de los usurpadores, ayer hacia las seis de la tarde, ya se habían desmantelado las improvisadas viviendas y los ocupantes, habían abandonado el lugar.