Petro: Crónica de una paz fracasada

Por Berit Knudsen

Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de “Paz Total” para poner fin a décadas de conflicto. Tres años después, su apuesta es el mayor fracaso de su gobierno. Lejos de consolidar acuerdos, negociar con todos los grupos armados al mismo tiempo permitió que crecieran y se fortalecieran. Los amagos de diálogo, sin control territorial ni mecanismos de verificación, dieron a las disidencias de las FARC, al ELN y al Clan del Golfo la oportunidad de ampliar sus filas y modernizar sus métodos. El asesinato de Miguel Uribe, los recientes atentados —como el derribo de un helicóptero policial con un dron en Antioquia y un camión bomba explotando en Cali— simbolizan el retorno de la violencia terrorista que Colombia había dejado atrás.

La paz de Santos, que ya mostraba fisuras, desmovilizó a una guerrilla hoy multiplicada. La de Petro es un espejismo más dañino: abrió espacios para que grupos criminales ocuparan el vacío de poder con más armas y mayor control territorial. El gobierno tuvo que reconocer su fracaso, lanzando una ofensiva militar tardía con miles de soldados adicionales, pero la violencia urbana y el desplazamiento masivo en zonas como el Catatumbo ya habían marcado un retroceso no visto en décadas.

Nada ofreció estabilidad. En tres años, Petro cambió 57 ministros, reflejando improvisación y ausencia de estrategia. Ninguna política pública se consolidó porque cada cartera funcionaba con ensayos de prueba y error. La inestabilidad interna se agravó con escándalos en su entorno cercano. El caso de su hijo Nicolás, investigado por lavado de dinero, minó la credibilidad presidencial. El excanciller Álvaro Leyva lo acusó públicamente de consumo de drogas, denuncia que expuso fisuras dentro del propio gobierno. El actual ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció sus adicciones en pleno ejercicio, lo que alimentó la percepción de un gabinete debilitado. Trascendieron denuncias en el Congreso sobre consumo de sustancias entre altos funcionarios, síntoma de una descomposición política difícil de disimular.

La falta de gobernanza, combinada con corrupción en la gestión pública —como el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo—, se sumó a contratos sobrevalorados y sobornos. La narrativa de cambio quedó atrapada en la realidad de un Estado con instituciones frágiles y un gobierno más preocupado en sobrevivir a la crisis que en ejecutar sus promesas.

En el plano internacional, la diplomacia de Petro abrió nuevos frentes de tensión. Con Perú, sus declaraciones sobre la soberanía de Santa Rosa provocaron una respuesta inmediata: el Congreso peruano lo declaró persona non grata y las relaciones bilaterales se tensaron, obligando a una reunión técnica de emergencia. Con Venezuela, su acercamiento al régimen de Nicolás Maduro derivó en una zona económica especial binacional como supuesta integración productiva, señalada por analistas como el caballo de Troya que facilita la penetración de economías ilegales en la frontera más vulnerable del país. La asociación con un dictador regional no solo compromete la imagen internacional de Colombia, también su seguridad.

El balance del mandato de Petro es desolador. Prometió paz y devolvió terrorismo. Prometió gobernanza y dejó caos ministerial. Prometió cambios profundos y se quedó en escándalos familiares, acusaciones por drogas y corrupción administrativa. La consecuencia es una Colombia sumida en la desconfianza, con fronteras inestables, un Estado debilitado y una sociedad que revive el miedo de tiempos que creía superados. Lejos de cerrar el ciclo de violencia, la paz total de Petro reavivó el terrorismo de sus propias raíces, confirmando que la improvisación, la falta de disciplina y la alianza con regímenes autoritarios solo conducen al abismo.