Una cartera sin rumbo fijo: cuatro ministros y ningún avance
Los últimos años confirman el diagnóstico: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) no falla por falta de dinero, sino por falta de capacidad, estabilidad y control. El presupuesto crece, pero la infraestructura no avanza al mismo ritmo.
Redacción
El CIV administra miles de millones para carreteras, pero año tras año repite la misma historia: baja ejecución, obras paralizadas y una rotación de ministros que frena la infraestructura nacional.
Las “carretas trabadas” que mencionó en una ocasión Arévalo: son la descripción de un ministerio que, pese a manejar miles de millones, sigue sin entregar resultados equivalentes a su tamaño.
En 2025 la cartera recibió cerca de Q10 mil millones, pero cerró el año con una ejecución que no supera el 70%, dejando más de Q3 mil millones sin transformar en obra pública y un alto costo de funcionamiento. Ese vacío entre dinero disponible y obras tangibles se ha convertido en el sello de un ministerio marcado por retrasos, reprogramaciones y baja capacidad operativa.
Desde enero de 2024, el CIV ha tenido:
Diana Jazmín De la Vega: Removida tras denuncias en contra de Presidencia.
Félix Alvarado: Renuncia sin explicación clara, en medio de desgaste administrativo.
Miguel Ángel Díaz Bobadilla: Trasladado a FEGUA, con proyectos clave sin avances.
Norma Lissette Zea Osorio: Nombrada el 28 de noviembre de 2025, ingeniera especializada en APP.
La alta rotación impide continuidad técnica, afecta licitaciones y paraliza proyectos que requieren dirección estable durante meses o incluso años.
Por qué el Gobierno apuesta por APP
La llegada de una ministra especializada en alianzas público-privadas coincide con la aprobación legislativa de una reforma que expande el marco de las APP, permitiendo más proyectos mixtos, mayor participación municipal y procesos más flexibles para atraer inversión privada.
El mensaje del oficialismo es claro: si la ejecución directa no avanza, el modelo APP podría acelerar la infraestructura. Pero este giro también abre riesgos:
Pasivos contingentes que comprometen finanzas futuras.
Contratos complejos, difíciles de supervisar por un ministerio con inestabilidad interna.
Proyectos basados en rentabilidad, no en necesidad pública.
Mayor discrecionalidad en la negociación de grandes obras.
