«Un proceso viciado de principio a fin», dice Diego Sagastume Vidaurre sobre las elecciones 2023

Diego Sagastume Vidaurre es un abogado que, por curiosidad ciudadana, decidió indagar entre la información del TREP. Esta curiosidad le reportó más de una sorpresa y hallazgos que no solo apuntan a poco más de un millón y medio de irregularidades, sino forman parte de líneas de investigación que realizó ya el Ministerio Público (MP), afirma el entrevistado.

Roxana Orantes Córdova

Según narra, «cuando después de la primera vuelta se subió la información oficial al TREP, pocos conocían que podían descargar sus actas. La mesa en la que emití mi voto para los 5 sistemas electorales fue la número 817. Me sorprendió que el acta 4 de presidente y vicepresidente no estaba completa y no aparecía el nombre del vocal, pero sí la firma. Entonces, revisé también actas de listado nacional, distritos electorales, corporaciones municipales y Parlacen. Encontré casillas en blanco y, en los 4 sistemas restantes no se encontraba el espacio para la debida identificación de la Junta Receptora de Votos, la hora de cierre ni de la participación dentro de la mesa electoral, entre otros ».

Así comenzó un largo camino que llevó a Sagastume Vidaurre a la conclusión de que las elecciones generales estuvieron plagadas de irregularidades. Como abogado, «revisé las leyes y me dí cuenta de que los formatos usados no son los mismos que aprobó el pleno del TSE, tal como manda la ley, en el acuerdo 9-2023 y 50-2023».

Según indica, todo lo relacionado con el proceso electoral está regulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyo reglamento establece las características y requisitos mínimos de la documentación electoral.

«Por curiosidad seguí investigando y encontré que en muchos aspectos del proceso no se cumplieron los requisitos mínimos. No se trata de formalismos, la ley es la ley y debe cumplirse», afirma, específicamente en cuanto a los artículos 102 al 104 de dicho reglamento.

Imprecisiones en las horas de cierre consignadas y otras posibles anomalías, lo llevaron a bajar la información de todas las elecciones del Distrito Central, municipio de Guatemala, directamente desde el TREP. Bajó más de dos mil actas y revisó alrededor de 1,100. Encontró diversidad de errores y cerca de más de 800 actas con irregularidades diversas, lo que no está permitido. «No es posible tanta información errada, por muy mal preparados que estuvieran quienes procesaron los datos», señala.

Instructivos deficientes y muchos otros hallazgos

Para sorpresa del abogado, ocho instructivos usados como guía para quienes participaron en el proceso, creados según acuerdo del TSE, están llenos de deficiencias. «Fomentan el testado, que la ley no permite, ya que si hay error en los datos, debe ser conocido por la Junta Electoral Departamental, que realiza un dictamen. El TSE llegó al descaro de permitir que en las actas número 4 se realizaran inscripciones con lapicero de color azul, alterando un documento».

«Ninguna acta original tenía sello, lo cual es terrible. Y en las copias, había testados que no correspondían con las originales».

Con todos esos hallazgos alarmantes, siguió investigando y encontró que en las 24,427 mesas hay discrepancias, errores en las observaciones y otras omisiones del TSE. A nivel nacional encontró que de las 24,427 actas, de la elección presidencial, según el mismo TREP, más del 96% tiene problemas como actas incompletas y sumas mal asentadas. Adicionalmente, en los 4 otros sistemas, es decir, en alrededor de 97,700 actas, en más del 80% en cada uno de los sistemas electorales hay deficiencias.

«El problema es más allá del voto», dice Sagastume Vidaurre

Más allá del conteo de votos, el problema es la estructura legal del proceso, afirma. «Si la estructura no cumple la ley, es evidente que habrá imprecisiones e irregularidades. A nivel nacional, existen cosas que no tienen relación con el TREP. Por ejemplo, en varios municipios se debieron repetir las elecciones pero esto no sucedió. Se limitaron a repetirlas exclusivamente para las corporaciones municipales, por lo que, este grupo de ciudadanos no eligió binomio presidencial (en primera vuelta) ni diputados. Igualmente, las elecciones se debieron haber repetido en la presidencial y vicepresidencial en los 340 municipios del país, en el extranjero, de 15 distritos, en los 15 se presentan problemas en dicha elección, y más de 300, en listado nacional, distrito central y Parlacen. Es un proceso corrupto y viciado», asegura.

Otros hallazgos

El entrevistado expone que «No modificaron el formato más allá de lo que ya estaba y no se cumplió con la ley, al no llenar correctamente los documentos, además de los problemas con el TREP».

«De los 1,936 acuerdos relacionados con el proceso electoral 2023, el TSE no publicó en su página de internet la cantidad de 88, y esto es una falta a la Ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo, solo 44 (2.27%), se publicaron en el diario oficial. «Si no están publicados, no son válidos», comenta. 

«Es un proceso viciado de principio a fin. En su momento lo denuncié y todo esto forma parte de una de las líneas de investigación del MP, la tercera».

Durante los allanamientos, el MP encontró que las actas número cuatro y ocho no estaban en el mismo lugar. Las número 4 nunca debieron estar en la sede del TSE, sino junto con el resto de la documentación, explica Sagastume Vidaurre.

«Esto significa que no hubo custodia de las actas originales de las elecciones. En el allanamiento al Parque de la Industria faltaban 7,950 actas originales, según dijo el MP», señala.

Sumado a lo anterior: «en ninguna acta original aparece el sello que certifica el documento. Esto se trae abajo los cimientos del proceso electoral». Todos los documentos administrativos emanados del Estado deben tener sello según el artículo 104 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, señala. Y algo tan importante como las actas originales no lo tenían.

Complacencia ante la imposición

Para el entrevistado, el TSE actuó de forma complaciente, «porque se pretende que X candidato quede a la fuerza. Sin embargo, hay un millón 500 mil irregularidades en la primera vuelta. Esas irregularidades pueden convertirse en comisión de delitos», dice.

«El 31 de octubre concluyó el período electoral y los cinco municipios mencionados jamás completaron sus elecciones. Siendo éstos, San José del Golfo, San Martín Zapotitlán, Yepocapa, San Pablo Jocopilas y, San Bartolomé Jocotenango, aunque solo representen unos 200 mil votos, son 200 mil personas que no pudieron elegir a ningún candidato excepto a los de corporación municipal. Esto significa que se vedó derecho al voto y estas personas no tienen representante en el Congreso, no tuvieron participación o decisión en la elección para quién estaría en las casillas para la segunda vuelta electoral presidencial, así como en la de los diputados al Parlacen. No se puede dar por válida, y atribuir cargos, en una elección como esta, con tantas irregularidades».

Según recuerda, inmediatamente después de detectar esto, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que no lo tramitó. Como el MP es tercero en los procesos de amparo que fiscalizan asuntos constitucionales, presentó denuncia formal ante este ente. 

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«Metadata es como la huella digital»

Además de las irregularidades ya mencionadas, Sagastume Vidaurre recuerda que mucha de la información fue «precargada» y esto es detectable en la metadata, que no miente. «Es como una huella digital. Un gran porcentaje de la información fue cargado desde la misma dirección IP. Y debían haber tantas direcciones IP como centros de votación. No se tienen datos de miles de direcciones IP». Algunos consideran que la democracia debe prevalecer sobre la ley, pero esto no es así. No importa quien ganó, la parte que debe prevalecer es la legal, sobre cualquier conteo. Hay más de un millón y medio de irregularidades», concluye.