Un presupuesto descomunal y resultados raquíticos contra la desnutrición crónica
La desnutrición crónica infantil sigue siendo una tragedia estructural en Guatemala, y a pesar de que año con año se destinan millonarios recursos públicos para combatirla, los resultados siguen siendo mínimos, mediocres o simplemente inexistentes.
Redacción
El Quinto Censo Nacional de Talla 2024, presentado recientemente por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), confirma este estancamiento. De los 380,594 menores evaluados, un 31% —es decir, 120,697 niños y niñas— presenta retraso en talla, el indicador más claro y grave de desnutrición crónica.
Los departamentos más golpeados por esta condición son los mismos de siempre: Alta Verapaz, Sololá, Chiquimula, Huehuetenango, Quiché y Totonicapán. Y aunque la Sesan insiste en destacar que hubo una leve mejora desde el primer censo de 1986 (cuando el retraso alcanzaba al 50.4% de los menores), lo cierto es que desde el censo de 2015 apenas se ha reducido un 5.9%, un avance que resulta irrisorio frente al tamaño del problema y el volumen de fondos invertidos.
Un aparato técnico que devora el presupuesto
La gestión de la lucha contra la desnutrición parece centrarse más en sostener una burocracia técnica que en producir cambios reales. El presupuesto asignado para combatir la desnutrición en 2024 superó los Q3,000 millones, distribuidos entre Sesan, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y varios programas sociales, sin incluir fondos internacionales adicionales.
Sin embargo, la inversión no se traduce en resultados proporcionales. Año con año, los informes de auditoría y las evaluaciones independientes apuntan a lo mismo: recursos mal dirigidos, ausencia de coordinación interinstitucional, diagnósticos repetitivos, planes duplicados y escasa ejecución efectiva en el territorio.
Sesan, como ente rector, ha sido reiteradamente señalada por su falta de liderazgo operativo. Sus equipos técnicos —bien pagados, muchas veces con fondos de cooperación— producen informes y organizan mesas intersectoriales que, en la práctica, no logran incidir en los determinantes estructurales de la desnutrición: pobreza, falta de agua potable, baja escolaridad materna y limitado acceso a servicios de salud.
Cifras que deberían alarmar… pero ya no sorprenden
Que uno de cada tres niños en el país esté condenado al retraso de talla es una tragedia silenciosa que evidencia un fracaso colectivo. Las autoridades parecen haberse resignado a celebrar mejoras mínimas como si fueran grandes logros. La propia Sesan reconoce que la meta aceptable debería ser una tasa del 2.5%, pero a este ritmo, ese objetivo tardaría medio siglo en alcanzarse.
Además, la concentración de casos en áreas rurales sigue reproduciendo una desigualdad histórica. Los 308,909 menores evaluados en esas zonas representan más del 81% del total, lo que refleja no solo una crisis alimentaria sino también un abandono prolongado por parte del Estado en comunidades indígenas y campesinas.
