Mario Merida
Un matrimonio político…que no alcanzó a disfrutar su luna de miel
Contexto
El gobierno presidido por el dr. Arévalo sigue con el nombramiento de sus funcionarios, con el encargo de realizar auditorías en sus instituciones -“Lo que estamos pidiendo es se hagan auditorias para permitir identificar si hubo comisión de hechos ilícitos”- (P.L. 23/01/2024), cuyos primeros resultados han puesto al descubierto actos de corrupción en algunos ministerios, como el alquiler de computadoras por el ex director del Hospital General a una sola empresa por un monto de Q7.2 millones en compras fraccionadas. Así como los contratos lesivos en la Dirección General de Caminos, CIV, situaciones que deberán ser investigadas por el Ministerio Público, como los intentos de supuestas acciones de espionajes a los nuevos funcionarios gubernamentales.
También hay que hacer mención del inusual y no deseado pulso político jurídico entre el presidente Arévalo y la Fiscal General del Ministerio Público, tensión surgida durante la campaña electoral debido a los ofrecimientos del actual presidente de destituir a la funcionaria en mención.
Otro actor relevante en la dinámica de la política nacional es el Organismo Legislativo, que continúa confirmando la disfuncionalidad del Estado guatemalteco. Así, se observa desde la precipitada negociación para elegir a la primera junta directiva del Congreso, hasta su relevo debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad, que dio origen a la actual junta directiva vario pinta conformada gracias a una aparente alianza entre diputados de diferentes partidos, que hoy se encuentra enfrentados por la integración de las jugosas comisiones.
A la situación actual se suman otros eventos, que indudablemente tendrán efecto negativo en la gobernabilidad del país, como la orden de la CC de elegir magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, que pone en aprietos a los actuales magistrados de este organismo; La revisión de los salarios para los funcionarios y empleado del Organismo Ejecutivo; la continuidad del superintendente de la SAT; la revisión del contrato de la adquisición de las vacunas rusas, el cual está bajo secreto; autorización de la minera Cerro Blanco, para continuar sus actividades en el país aprobada en los últimos días del anterior gobierno.
Para cerrar este breve contexto hay que mencionar la cercana disputa por el nombramiento de los gobernadores departamentales, el relevo o rotación de embajadores y la reactivación del Sistema Nacional de Seguridad, para que este ente sea el garante de la definición de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas y determine los ejes estratégicos de la Política Nacional de Seguridad, que guiaran los programa y proyectos esenciales para la seguridad de la nación.
Conclusiones
La búsqueda, descubrimiento y publicidad de los resultados de las auditorías realizadas al inicio de la asunción de los nuevos gobiernos, es una práctica llevada a cabo por los últimos gobiernos. Aunque muchos de los casos que se descubren, generalmente no llegan a juicio por razones de conveniencia política. No obstante, estos hallazgos no caen en el vacío ya que resultan útiles para quienes viven del perverso uso de las redes sociales.
Las diferencias entre el presidente y la Fiscal deben ser zanjadas dentro del marco Constitucional y leyes relacionadas con sus funciones de manera ética, cordial y respetuosa en beneficio de la gobernabilidad e importancia que ostentan ambos funcionarios. La confortación mediática entre estos actores da pie a una serie de comentarios provenientes de abogados y politólogos que ayudan a comprender los aspectos legales, pero no iluminan el oscuro callejón del quehacer político, oscuridad que resulta útil para demagogos y activistas de la desinformación dedicados a mantener la confusión entre la ciudadanía mayormente preocupada por su sobrevivencia ante la ola de violencia existente.
La situación existente en el Congreso, confirma la ineficacia de acuerdos coyunturales entre viejos y nuevos políticos. Los primeros, sabedores de los oscuros mecanismos para mantener su confort y bienestar a costa de la negociación, para integración de las comisiones, cuyo control es vital para la asignación de obras. Los segundos, se ven sorprendidos, casi asustados, moviéndose como zombis en el hemiciclo, viendo como sus buenas intenciones y apoyo de buena fe fracasan, hasta hacerlos parte del sistema que creyeron podrían cambiar.
Al presidente, le queda el desafío de la designación de los Gobernadores[1], que además de representarlo, presiden los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural y asuntos relacionados con la seguridad, funciones importantes para las políticas de desarrollo departamental y municipal, que el presidente se ha planteado.
También existe expectativa acerca del relevo, confirmación o nombramiento de nuevos embajadores, que reflejarán el reacomodo de la inexistente política exterior del pasado gobierno, que se espera proporcione mayores niveles de cooperación de los países y organismos, que mostraron su apoyo al presidente Arévalo durante la pasada tensión política. Finalmente, queda la atención a la conflictividad social, que se ha desbordado provocando daños a personas ajenas a los conflictos ancestrales, como lo demuestra el último enfrentamiento armado entre comunitarios de Santa María Ixhuatán y Nahualá, que puso en peligro la vida de automovilistas y heridas a un agente de la PNC, así como daños a vehículos policiales y del ejército.
[1] Ley Organismo Ejecutivo. (Decreto 114-97Art. 42. “Los gobernadores departamentales titulares y suplentes serán nombrados por el Presidente de la República, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo”.
