UE reitera sanciones contra Porras: Tensión entre soberanía e injerencia extranjera
Este lunes 16 de diciembre, la Unión Europea renovó hasta 2026 las sanciones contra la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y otros funcionarios, acusándolos de «socavar la democracia». Las sanciones, que incluyen la congelación de activos y restricciones de entrada, reflejan la presión internacional sobre los operadores de justicia y la injerencia extranjera en un país soberano.
Redacción
Aunque ninguno de los sancionados enfrenta procesos judiciales dentro de Guatemala, donde los mecanismos legales internos no han encontrado méritos suficientes para proceder contra ellos. Para la UE parece legítimo definir lo que constituye una violación del Estado de derecho en otro país.
Desde su designación en 2018, Consuelo Porras ha estado en el centro de controversias, muchas de ellas alimentadas por presiones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Los señalamientos, basados en decisiones judiciales y administrativas, han sido utilizados como base para imponer sanciones, ignorando los procesos legales internos. Esta narrativa se contradice con el hecho de que, hasta el momento, Porras y los funcionarios del MP no enfrentan cargos penales en Guatemala.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo, quien asumió el cargo en enero, calificó las sanciones como una “constatación de la verdad evidente”. No obstante, las sanciones plantean dudas sobre su carácter más político que judicial, al presionar a las instituciones locales para alinear sus decisiones con los intereses de actores externos.
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Un riesgo para la soberanía
El caso de Guatemala expone una creciente tendencia de la comunidad internacional a intervenir en sistemas judiciales nacionales bajo el pretexto de salvar la democracia. Mientras la Unión Europea destaca la supuesta «instrumentalización del sistema de justicia», su postura refuerza una narrativa en la que Guatemala parece ser incapaz de resolver sus conflictos internos sin supervisión externa.
Las sanciones no solo polarizan aún más a la sociedad guatemalteca, sino que también comprometen la soberanía judicial del país. El desafío ahora es encontrar un equilibrio entre la presión internacional y el respeto a los procesos internos.
