UE impone nuevas sanciones con claro sesgo político
Bajo el pretexto de proteger la democracia, la Unión Europea vuelve a imponer sanciones contra ciudadanos guatemaltecos. Esta vez, los señalados son el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz; su abogado, Raúl Falla. Además, impuso sanciones contra el juez Jimi Bremer, operador de justicia en casos de alto perfil.
Redacción
Según el comunicado emitido por el Consejo de la UE, las medidas se justifican en presuntas acciones de persecución e intimidación contra jueces, fiscales, periodistas y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, estas sanciones se insertan en una estrategia más amplia: la de condicionar políticamente a los guatemaltecos que no se alinean con la visión ideológica promovida por potencias extranjeras.
Los sancionados enfrentarán congelación de activos y prohibición de entrada a territorio europeo, bajo el argumento de que han “socavado el Estado de Derecho”.
Injerencia selectiva
La narrativa europea insiste en que estas sanciones “no son contra Guatemala”, sino contra individuos específicos. Sin embargo, los hechos apuntan a una práctica repetida: castigar a quienes se resisten a las líneas políticas que la UE, y otros organismos multilaterales, buscan imponer en países soberanos bajo la bandera de los “derechos humanos” y la “democracia”.
«El Consejo está particularmente preocupado por los continuos ataques contra el gobierno elegido democráticamente del Presidente Arévalo y el uso indebido de las medidas legales y de procedimiento para atacar a funcionarios electos, defensores de los derechos humanos, periodistas, dirigentes indígenas y operadores judiciales independientes», dice el órgano europeo.
«Estas sanciones selectivas están diseñadas precisamente para exigir responsabilidades y afectar únicamente a los responsables de los responsables, de participar, apoyar o beneficiarse de acciones que socaven la democracia, el estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala. No son en modo alguno sanciones contra Guatemala, su población o su economía», dice la entidad.
Este patrón ya se había evidenciado en diciembre pasado, cuando la UE renovó sanciones contra la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, entre otros, todos señalados por frenar investigaciones impulsadas desde sectores internacionales con claros vínculos ideológicos.
Poder detrás del poder
La presión política desde el exterior se disfraza de sanciones “individuales”, pero el fondo es el mismo: imponer una agenda ajena a la voluntad del pueblo guatemalteco.
Detrás de estas sanciones se esconde un poder que no fue electo por los guatemaltecos, pero que pretende decidir quién puede actuar en la vida pública nacional y quién debe ser silenciado o castigado. No se trata de defender la democracia, sino de redefinirla a conveniencia de intereses foráneos.
La inclusión de un juez como Jimi Bremer y miembros de una fundación como la FCT, no es accidental: el mensaje es claro para quienes se atrevan a desafiar el orden que actores internacionales quieren preservar en nombre del “progreso” y los “valores democráticos”.
