Ucrania denuncia que Rusia habría secuestrado niños
Ucrania acusa a las autoridades prorrusas de Donetsk de deportar por la fuerza a 30 menores ucranianos a Rusia y asegura que la familia de Lvova Belova, buscada por el TPI por deportación forzada de menores, acogió a uno de estos niños.
Por dpa/EP
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), junto con la Policía Nacional y la Fiscalía, han presentado un informe en el que se recogen «una base de pruebas a gran escala» sobre la deportación forzosa de hasta 31 menores ucranianos desde la provincia de Donetsk, bajo control de Moscú, hacia territorio de la Federación Rusa.
Las autoridades ucranianas han determinado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los principales órganos de gobierno ruso encomendaron esta misión al gobernador impuesto por Rusia en la autoproclamada república popular de Donetsk, Denish Pushilin, que se apoyó en sus asesores en el «servicio de asuntos familiares e infantiles», según se desprende de un comunicado del SBU.
De acuerdo con esta investigación, Rusia envío a 31 menores ucranianos de Donetsk rumbo a una pensión a las afueras de Moscú. En concreto se trata de 16 niños y 15 niñas, en su mayoría originarios de la ciudad de Mariúpol, uno de los principales escenarios de la guerra, especialmente durante los primeros compases del conflicto, iniciado a finales de febrero de 2022.
«Los niños secuestrados fueron llevados primeros al Donetsk temporalmente ocupado, luego transportados en autobús a Rostov del Don y luego en avión a Moscú. Desde allí los menores fueron llevados a la pensión suburbana de la Administración Putin», ha explicado el Servicio de Seguridad Nacional ucraniano.
Posteriormente, los menores ucranianos fueron entregados a familias rusas para recibir «educación» basada en los valores de Moscú. Ucrania asegura incluso que uno de estos niños fue entregado a la defensora de la comisaria para los derechos de la infancia de Rusia, Maria Lvova Belova.
Precisamente sobre Lvova Belova pesa una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en marzo de 2023. La corte la señala, junto al presidente Putin, de orquestar un programa de deportaciones forzadas desde zonas ucranianas temporalmente ocupadas por Moscú hacia territorio de Rusia.
