Todd Robinson: De embajador a activista digital
La ofensiva digital de Todd Robinson no es aislada. Al multiplicar sus críticas contra la CC, el OJ y la fiscal Consuelo Porras, lanza un mensaje político directo: presionar al sistema de justicia para abrir paso a actores afines a sus intereses.
Redacción
El exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson mantiene desde Washington una presencia activa en el debate político guatemalteco. A través de publicaciones en X, Robinson no solo opina sobre procesos judiciales y actores locales, sino que también emplea un discurso que resuena con las narrativas de organizaciones y medios afines a la izquierda guatemalteca.
En sus publicaciones recientes, Robinson ha incrementado las críticas a la gestión de CC, OJ y la fiscal general Consuelo Porras. Además, ha amplificado mensajes de exfuncionarios como Juan Francisco Sandoval o colectivos como Alianza por las Reformas. Con etiquetas como #PactoDeCorruptos y frases como “Guatemala merece algo mejor”, Robinson refuerza su ataque contra los operadores de justicia que no son afines a sus intereses.
Su línea discursiva se entrelaza con publicaciones de diputados oficialistas, medios de tendencia progresista y organizaciones de sociedad civil financiadas en parte por cooperación internacional estadounidense y europea.
El trasfondo político y las elecciones institucionales
El momento no es casual. Guatemala se prepara para un nuevo ciclo de designaciones clave: presidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Constitucionalidad (CC), rectoría de la USAC, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público. Cada una de estas instituciones define el balance de poder en materia de justicia, control político y contrapesos democráticos.
Los mensajes de Robinson, aunque personales en apariencia, se insertan en un contexto de presión diplomática y mediática. No es la primera vez que ocurre: durante su paso por la embajada en Guatemala (2014-2017), fue acusado de injerencia política por sectores de la sociedad civil, especialmente por su apoyo abierto a la CICIG y su cercanía con grupos de izquierda que denunciaban corrupción.
La conexión con Washington
Robinson fue uno de los diplomáticos que más impulsó la narrativa de lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte. Tras dejar la embajada, su nombramiento en la administración de Joe Biden y Kamala Harris reforzó los vínculos entre actores progresistas en Guatemala y sectores demócratas en Washington.
Para analistas locales, la estrategia busca condicionar los procesos institucionales guatemaltecos a través de una combinación de presión diplomática, campañas en redes y eco mediático. La insistencia en señalar al “Pacto de Corruptos” se alinea con la agenda de ONGs y medios críticos del actual Congreso y de las estructuras de justicia que reemplazaron el modelo CICIG.
Injerencia y politización de la justicia
Durante su gestión en Guatemala, Robinson enfrentó múltiples denuncias públicas de “injerencia indebida”, incluyendo acusaciones de politizar la justicia, financiar a organizaciones civiles para incidir en la opinión pública y respaldar selectivamente a fiscales y operadores de justicia afines a la CICIG..
A la vez, su figura se convirtió en símbolo de respaldo internacional para sectores que defendían la continuidad del modelo CICIG, lo que lo enfrenta aún hoy a críticas de actores políticos y asociaciones civiles que lo consideran responsable de haber debilitado la soberanía institucional del país.
Los cuestionamientos sobre narcotráfico
Expertos en seguridad regional sostienen que la trayectoria de Robinson también carga con contradicciones. Mientras ocupaba cargos clave en la lucha antidrogas dentro del Departamento de Estado, la región experimentó un aumento sostenido del flujo de cocaína y drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Centroamérica.
En esta línea, el abogado penalista Omar Barrios cuestiona si su política realmente contribuyó a frenar al narcotráfico o si, por el contrario, se toleraron dinámicas que fortalecieron a carteles mexicanos y organizaciones transnacionales.
De igual forma, señala que millones de dólares en programas internacionales fueron canalizados hacia organizaciones y actores extranjeros sin claridad sobre su uso y fiscalización. La falta de rendición de cuentas en el manejo de fondos destinados a “fortalecer la justicia y combatir el crimen organizado” genera dudas sobre un trasfondo político.
La narrativa mediática y la disputa por la justicia
El discurso de Robinson encuentra eco en una constelación de medios de comunicación, columnistas y organizaciones de izquierda, que retoman sus publicaciones como prueba del discurso que sostienen alrededor del Ministerio Público.
En contraste, sectores de la sociedad civil interpretan sus comentarios como parte de una estrategia de presión externa que busca favorecer a actores políticos cercanos a Washington.
Aunque Robinson ya no es embajador, sigue siendo un actor político en la conversación sobre Guatemala. Su influencia digital, sus vínculos con la administración demócrata y su respaldo a colectivos lo convierten en un referente de la presión internacional sobre las instituciones guatemaltecas, justo cuando se avecinan las elecciones de CC, MP, TSE y USAC, instancias clave para el futuro del país.
Más allá de las etiquetas y los tuits, la pregunta que queda es hasta qué punto estas intervenciones forman parte de la diplomacia legítima, o si se trata de un nuevo episodio de injerencia política disfrazada de apoyo a la justicia.
