Sin lugar: CSJ rechaza en bloque solicitudes de antejuicio contra funcionarios, Arévalo y Porras
En lo que podría leerse como una jornada de limpieza exprés, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió rechazar in límine —sin mayor trámite— seis solicitudes de antejuicio dirigidas contra figuras clave del actual gobierno, la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana. La decisión fue confirmada este jueves por el vocero del Organismo Judicial, Ludwin Villalta.
Redacción
Entre los casos desechados sin análisis de fondo destaca el planteamiento del Ministerio Público (MP) contra la jueza Marjorie Azpurú, quien permitió medidas sustitutivas a los exfiscales Gonzalo Chilel y Carlos Pérez, señalados en el expediente que involucra al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.
La CSJ también cerró la puerta a las solicitudes contra el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, promovida por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) por presuntas irregularidades en ascensos militares; contra el titular de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, señalado de desobediencia por el MP tras una ola de despidos; y contra el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, denunciado por falsedad ideológica por el expresidente del Banco de los Trabajadores, Jorge Mondal.
La lista continúa con el antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo, el diputado Samuel Pérez y el expresidente Alejandro Giammattei. La denuncia, presentada por el abogado Miguel Ballsells, los acusaba de omisión o acción indebida durante las protestas de 2023 que exigían la salida de Porras.
Por último, la Corte tampoco encontró méritos en la acción promovida por Alida Arana Vicente contra la fiscal general Porras y el juez Fredy Orellana, señalados por supuestos abusos de autoridad durante los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral, cuando fueron incautadas cajas con material electoral.
Con estas resoluciones, la CSJ parece marcar una línea clara: cerrar filas, al menos por ahora, ante los intentos de abrir procesos contra altos funcionarios del oficialismo y operadores del sistema de justicia.
