«Sin avance de obra»
Los millones que Bernardo Arévalo ordenó pagar de forma poco ortodoxa a empresas incluidas en un listado que él decidió arbitariamente, tenían varios elementos comunes: no reportaban avances de obra, es decir de ejecución, y varias de estas empresas fueron parte de la corrupción enquistada en el Estado desde décadas anteriores, amén de las implicadas en el caso develado por la SAT recientemente.
Arévalo ordenó al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi), de forma irregular, que se privilegiara a ciertos empresarios en un listado en el que el jefe del Ejecutivo no tenía atribución legal para intervenir pero lo hizo, fiel a su vocación autocrática.
La violación a las leyes vigentes fue notoria cuando en conferencia de prensa, aceptó que había realizado «los listados», pese a que dicha acción viola la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y transgrede la función del mandatario, quien no tiene potestad para ordenar a ningún ministro el procedimiento para los pagos en su cartera.
Arévalo se ganó la solicitud de antejuicio, que probablemente no prospere pero quedará como constancia de sus actuaciones.
Con o sin transgresiones, el gobierno logró acumular una inmensa cifra de dinero, sumando la polémica ampliación presupuestaria, de Q14,500 millones, a los fondos de los «bonos sostenibles», por US$1,400 millones de deuda para los guatemaltecos, sus hijos y nietos.
Entretanto, quedan pocos días para que el Ministerio de Finanzas presente al Congreso el presupuesto 2025, que podría proponer alguna cifra estratosférica, de esas que necesita la «nueva primavera» para sus gastos de funcionamiento, ya que los gastos de ejecución distan mucho de ser comprobados con obras.
El ejemplo más lamentable es el tramo Palín-Escuintla, pero también descolla un puente que se inauguró entre dos terraplenes (que no carreteras), o la dramática situación del Hospital Roosevelt, donde la consulta externa sigue en huelga porque el centro asistencial se convirtió en campo de batalla, a raíz de que el lugar se utiliza para atender a criminales presos por falta de instalaciones de salud en el sistema penitenciario.
«Sin avance de obra», podría ser el lema del gobierno cuando termine el año fiscal a finales de diciembre y deban informar sobre la ejecución de tanto dinero como el Estado de Guatemala jamás había visto en sus arcas.
Sería de esperar que de aquí a diciembre, la prosperidad florezca y las obras sean estandartes de la palpable bonanza económica del Estado, con la suma del presupuesto actual (no ejecutado), más los millones de la ampliación y los bonos.
Expectativas fuera, lo más seguro es que con o sin miles de millones, Guatemala seguirá en esta precipitación «cuesta abajo» iniciada por el mal recordado gobierno de Alejandro Giammattei. Inflación, violencia, desempleo y escasez parecen tocar a la puerta de los guatemaltecos «de a pie», mientras para los empresarios se avecina una situación más difícil que las conocidas hasta ahora, con la situación del puerto, donde cerca de veinte buques mercantes hacen cola, y la infraestructura vial, que lejos de mejorar empeora cada día.
