Silencio cómplice: OEA habla de “modernización penitenciaria” mientras en Guatemala se fugan 20 reos
En el mismo país donde al menos 20 reos se fugaron del centro de detención Fraijanes II, la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró la V Reunión de Autoridades Penitenciarias y Carcelarias. Durante el encuentro se habló de “modernización” y “reinserción social”, pero no se dijo una palabra sobre la fuga, el caos penitenciario o la responsabilidad de las autoridades.
Redacción
La coincidencia no podría ser más simbólica. Esta semana se llevó a cabo en La Antigua Guatemala la V Reunión de Autoridades Penitenciarias y Carcelarias de la OEA. Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, prepara su salida del cargo tras la fuga de 20 reos de alta peligrosidad y una investigación preliminar que apunta como responsables a altos mandos del gobierno.
Sin embargo, el secretario general adjunto de la OEA, Albert Ramdin, lejos de manifestar preocupación por esta situación, se enfocó en elogiar al gobierno por su papel en la cooperación regional y por “fortalecer las capacidades penitenciarias”.
El representante del organismo internacional aprovechó el encuentro para anunciar el despliegue de una misión especial en Guatemala, enfocada en acompañar los próximos procesos de elección del Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Una iniciativa que, según observadores, parece alinearse más con los intereses políticos del gobierno de Bernardo Arévalo que con las urgentes necesidades del país en materia de seguridad, justicia y control institucional.
Asimismo, el representante de Seguridad Multidimensional del organismo, Iván C. Marques, agradeció a Arévalo por “trabajar en el futuro penitenciario de las Américas”. Todo mientras en Guatemala, los internos escapan, las cárceles colapsan y las autoridades insisten en hablar de innovación y reinserción.
El contraste es evidente: la OEA impulsa una misión para “acompañar procesos democráticos”, pero no propone una sola acción para investigar lo ocurrido en las prisiones ni el papel de los funcionarios responsables. La selectividad de sus prioridades plantea una pregunta inevitable:
¿Hasta qué punto la OEA está dispuesta a ignorar los hechos para mantener una alianza política con un gobierno que habla de transformación mientras su sistema carcelario se desmorona?
En cuanto a Jiménez, deja tras de sí una creciente crisis penitenciaria y un repunte de la violencia en todo el territorio, sin que ni la OEA ni el Ejecutivo hicieran referencia a la fuga de Fraijanes II ni a las fallas estructurales del sistema.
