Semilla se desvanece: un gobierno perdido en promesas
El primer año de Bernardo Arévalo deja un legado de promesas incumplidas, prioridades cuestionables y un país sumido en la incertidumbre. Mientras el oficialismo busca aferrarse a sus supuestos logros legislativos, los guatemaltecos enfrentan un panorama de pobreza, inseguridad y una economía debilitada. La falta de una visión estratégica y un liderazgo efectivo coloca al país en una encrucijada que exige respuestas urgentes y soluciones reales.
Redacción
Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Arévalo enfrentó múltiples reveses legales. Los amparos presentados por el Ejecutivo para destituir a la fiscal general Consuelo Porras y a otros altos funcionarios del Ministerio Público (MP) fueron desestimados sistemáticamente.
A esto se suma la reciente cancelación del partido Movimiento Semilla, sumergiéndolo en una crisis interna. Además, varios miembros de la agrupación son señalados de cometer varios delitos electorales, lo que intensifica la presión política y judicial sobre la administración.
La pobreza y la desnutrición, que afectan a millones de guatemaltecos, parecen haber quedado fuera de la agenda gubernamental. Según datos recientes, más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras la desnutrición crónica infantil sigue siendo una de las más altas de la región. Además, los índices de delincuencia han incrementado en zonas urbanas y rurales, dejando a la población en un estado de inseguridad constante.
Despropósitos del gobierno
En este contexto, el aumento al salario mínimo ha sido calificado por críticos como una medida populista, diseñada más para ganar simpatías que para enfrentar de manera integral los desafíos económicos del país. Si bien el ajuste al salario puede interpretarse como un avance en materia social, su implementación careció de un análisis técnico que considerara el impacto en las pequeñas y medianas empresas, ya afectadas por la inflación y la desaceleración económica.
A esto se suma la falta de transparencia en la asignación de recursos. Ministerios estratégicos como Comunicaciones y Salud recibieron incrementos presupuestarios significativos, pero los resultados visibles en infraestructura y servicios siguen siendo deficientes.
Carreteras deterioradas, puertos congestionados y un aeropuerto internacional que opera al borde del colapso son pruebas del mal manejo de los fondos. En paralelo, las ansias del Ejecutivo y sus aliados por obtener más recursos a través de ampliaciones presupuestarias y medidas fiscales despiertan sospechas sobre su destino real.
El Legislativo: epicentro de la controversia
El Congreso de la República ha sido un campo de batalla constante durante el primer año de la administración de Bernardo Arévalo. Desde el oficialismo y sus aliados, se han impulsado leyes declaradas de urgencia nacional que, lejos de ser medidas estructurales y planificadas, parecen responder más a agendas políticas inmediatas que a una verdadera estrategia de desarrollo para el país.
Entre ellas, destaca el aumento al presupuesto estatal, que se ha disparado para cubrir incrementos salariales desproporcionados en varios ministerios, así como beneficios adicionales destinados a sectores clave del aparato gubernamental.
El oficialismo ha promovido como logros importantes la aprobación de la Ley de Competencia, una normativa esperada durante años para cumplir compromisos internacionales, y el fortalecimiento de la PNC con incrementos presupuestarios.
in embargo, ambos avances son vistos por sectores críticos como medidas con serios vacíos legales que podrían poner en riesgo la economía y seguridad de los guatemaltecos.
Crisis económica y pérdida de rumbo
El panorama económico del país se agrava cada día. La falta de inversión en infraestructura ha dejado carreteras prácticamente intransitables, mientras sectores clave como el comercio exterior enfrentan enormes dificultades debido al deterioro de puertos y aeropuertos. La inflación y el desempleo incrementan el malestar ciudadano, y el gobierno parece incapaz de ofrecer respuestas concretas.
Mientras sectores clave como el comercio exterior enfrentan enormes dificultades debido al deterioro de puertos y aeropuertos, el Ejecutivo ha priorizado partidas para incrementar los ingresos de altos mandos y otorgar privilegios a sus aliados políticos.
