Semilla, a la sombra del “edificio Fantasma”
El «edificio Fantasma», caso que llevó al exilio a Thelma Aldana, implicó a varios personajes relacionados con el actual gobierno. Entre otros, Diana Odette Benavides Lazaro, actualmente Secretaria General Administrativa Financiera de la Presidencia de la República, quien está pendiente de la audiencia de etapa intermedia por ese caso, en el que inicialmente se acogió a la aceptación de cargos. Además, Benavides fue la abogada que faccionó la declaración jurada del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), cuando este aportó US$44 mil a Bernardo Arévalo, en una transacción que para la IVE fue sospechosa, afirma el vocero del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón.
Roxana Orantes Córdova
Durante los cuatro años del gobierno anterior, la licenciada Diana Odette Benavides Lazaro fue asesora de Bernardo Arévalo, entonces jefe de la bancada Semilla. Como asesora, devengó Q18 mil mensuales, según consta en los registros del Congreso.
Es conocido que Arévalo ejerció una legislatura anodina. De hecho, muchos de sus simpatizantes desconocían que el candidato promocionado como heredero de Juan José Arévalo había sido diputado.
En su momento más de un fundador y simpatizante de Semilla negó enfáticamente cualquier vínculo con la compraventa corrupta del «Edificio Fantasma», donde el MP erogó Q35 millones por un inmueble inservible para dicha institución. Sin embargo, los vínculos afloran prácticamente por cualquier hilo de la historia del que se tire.
Por ejemplo, la ex vicepresidenciable de Semilla, Thelma Aldana, fue la autoridad suprema y responsable de ese acto que tiene tantos indicios de corrupción. Aldana eligió huir del país antes que enfrentar la justicia, aunque su frase «el que nada debe, nada teme», era muy conocida.
Una cercana aliada de Aldana, Eleonora Castillo, abogada feminista y empleada del MP destituida por Consuelo Porras, fue registradora suplente del Registro de la Propiedad y desobedeció la orden judicial de suspender a Semilla.
De aceptar cargos, a asesora legislativa y funcionaria del gobierno
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, comenta: «El caso del edificio Fantasma se entrampó cuando la juez Sara Yoc fue recusada por Willam Balz Gallardo. Luego de esto pasó a otra sala y actualmente, está a cargo del juez Mynor Moto. Varias impugnaciones de los sujetos procesales han entrampado el caso, que actualmente está en espera de una audiencia de etapa intermedia»
Por su parte, Juan Luis Pantaleón explica: «Ella está vinculada al caso del edificio zona 5 y está contratada en la Secretaría General de la Presidencia. Ella fue ligada a proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes.
Otro situación es que ella fue la abogada que faccionó la declaración jurada de Félix Alvarado, quien le otorgó 44 mil dólares a Bernardo Arévalo, sin embargo la IVE detectó transacción sospechosa.
Por ese tema fue que se solicitó el retiro de antejuicio de Bernardo Arévalo en diciembre pasado. Este fue uno de los cuatro antejuicios que ya se presentaron en su contra».
Curruchiche enfatiza en que el nombramiento de Benavides en un importante puesto administrativo y de confianza para el mandatario, no implica un problema legal. «Tiene derecho a la presunción de inocencia», dice. Sin embargo, es un hecho que la audiencia de etapa intermedia está pendiente y que el tema es «de ética, moral y principios», indica el fiscal, quien concluye: «algunos no tienen ética, moral ni principios».
