“Sanción absurda e insignificante”: Curruchiche responde a castigo del Reino Unido
El gobierno del Reino Unido anunció este 2 de abril sanciones contra siete guatemaltecos, incluyendo al expresidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general María Consuelo Porras. La medida incluye la congelación de activos y restricciones de viaje, y se suma a las sanciones impuestas de manera arbitraria por Estados Unidos y la Unión Europea.
Redacción
El canciller británico, David Lammy, justificó las sanciones como parte de una campaña global contra “actores corruptos y antidemocráticos”. En su comunicado, el Reino Unido afirmó estar preocupado por los intentos de socavar al gobierno de Bernardo Arévalo y señaló que Giammattei y su círculo cercano utilizaron su poder para beneficiarse ilícitamente y perseguir a opositores.
Entre los sancionados también figuran Miguel Martínez, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); Cinthia Monterroso, fiscal de la FECI; Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público; y Melvin Quijivix, exdirector del Instituto Nacional de Electrificación. Según la declaración británica, estos funcionarios habrían participado en acciones que debilitaron la democracia y el estado de derecho en Guatemala.
Sin embargo, estas sanciones, impuestas sin requerir procesos judiciales, plantean interrogantes sobre el uso de medidas unilaterales como instrumentos de presión política. No es la primera vez que actores internacionales recurren a este tipo de restricciones para influir en el escenario político de Guatemala, como ocurrió previamente con las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios del Ministerio Público, operadores de justicia, diputados y ciudadanos.
Los sancionados han calificado la medida como arbitraria. El fiscal Rafael Curruchiche, a través de su cuenta en X, respondió que la sanción es “absurda e insignificante” y reafirmó su compromiso de seguir adelante con su trabajo. De igual manera, sectores críticos advierten sobre la falta de mecanismos de defensa ante este tipo de decisiones, que funcionan como una especie de bloqueo internacional sin posibilidad de apelación.
«Ni conozco Europa, ni tengo activos en Reino Unido, por lo que esta sanción es absurda e insignificante», agregó Curruchiche.
Por su parte, la analista política Betty Marroquín comenta que un país que «premia a violadores de niñas inglesas y encarcelan a los padres» no tiene «autoridad moral para nada», y advierte que están «destruyendo su sociedad a paso firme».
Mientras el Reino Unido justifica estas sanciones como parte de su compromiso con la lucha anticorrupción, la ausencia de procesos judiciales formales cuestiona la legitimidad de estas acciones y su impacto en la soberanía de los países afectados.
