Q2.8 mil millones en ejecución irregular: el gobierno de Arévalo repite el modelo corrupto
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Una bomba fiscal estalla en los primeros 12 meses del gobierno de Bernardo Arévalo. La Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló en su informe anual que más de Q2 mil 814 millones del presupuesto nacional fueron ejecutados de forma irregular durante 2024, primer año de gestión del actual mandatario.
Redacción
Aunque parte de los casos arrastran vicios de la administración de Alejandro Giammattei, el informe confirma algo más preocupante: el nuevo gobierno no implementó correctivos efectivos, permitiendo que el gasto público siguiera sin control.
El documento fue entregado al Congreso el pasado 23 de mayo y detalla cómo, a través de 1,592 auditorías y más de 3,500 inspecciones presenciales, se identificaron anomalías graves que derivaron en 173 denuncias penales. De estas, al menos 115 corresponden a fiscalización directa y 38 a falta de probidad, una señal clara de que los mecanismos de control interno simplemente no están funcionando.
El monto observado equivale a más del 3 % del gasto nacional anual, una proporción alarmante para un país que destina más del 60 % de su presupuesto a funcionamiento, y que arrastra problemas estructurales en salud, educación y seguridad.
El informe pone bajo la lupa a entidades como:
Fideicomiso de Inversión para la Vivienda (FIV)
Instituto Guatemalteco de Migración
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Estas instituciones, bajo control del actual gobierno, acumulan varias de las denuncias. Aunque la CGC también detectó irregularidades heredadas de Giammattei —como las relacionadas con la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones—, tres de las cinco entidades con mayor número de hallazgos corresponden a la administración Arévalo.
Sanciones simbólicas
A pesar del monto descomunal observado, las sanciones económicas apenas alcanzaron los Q68.4 millones, es decir, menos del 1 % del total mal ejecutado. La falta de consecuencias efectivas alimenta un sistema que permite, más que combate, la corrupción institucionalizada.
La brecha entre la detección y la acción penal es aún más crítica si se toma en cuenta que en julio de 2024, la CGC ya había presentado un informe con Q7.8 mil millones en hallazgos, donde el 91.6 % de los casos penales estaban concentrados en el Ministerio de Comunicaciones.
“La mayoría de hallazgos responde a la falta de control interno en las instituciones auditadas”, concluye la CGC en su análisis semestral.
La otra cara del discurso
Lejos de alarmarse, el gobierno de Arévalo justifica las irregularidades como problemas heredados y que su administración está en un proceso de reestructuración institucional. Sin embargo, el ritmo y la profundidad de estas reformas no parecen ir al nivel que exigen los datos: el Estado sigue sin tener control real sobre cómo se gasta el dinero de los guatemaltecos.
