Q161 mil millones sin dirección: el ciclo vicioso del presupuesto
Mientras el presupuesto nacional para 2026 se prepara con una cifra récord de Q161 mil 779 millones, los recursos públicos continúan atrapados entre privilegios, baja ejecución y una deuda creciente que no se traduce en inversión. Analistas advierten que el Estado de Guatemala está acumulando obligaciones financieras sin usar los fondos disponibles y sin resolver los problemas estructurales del gasto público.
Redacción
El reciente informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló múltiples irregularidades como pagos sin justificación, contrataciones irregulares y beneficios extraordinarios. Entre los casos recientes se identificaron fondos ociosos en cuentas bancarias estatales que, lejos de invertirse, permanecen inactivos mientras el país sigue contratando deuda.
Por otro lado, los beneficios a funcionarios como el reciente seguro de vida contratado para magistrados del Organismo Judicial, resulta un beneficio con poca transparencia y sin criterio de proporcionalidad. A nivel local, alcaldes de distintos municipios superan los Q80 mil mensuales, gracias a una estructura de sueldos, dietas y gastos de representación que crece sin control ni evaluación de resultados.
En otros niveles del Estado, persisten bonificaciones de todo tipo, desde el bono «de antigüedad» hasta otros como el llamado “bono del pescado”, sumados a pagos que en algunos casos representan hasta 19 salarios al año por trabajador. Estos beneficios, amparados en pactos colectivos o normas poco fiscalizadas, consumen buena parte del presupuesto sin aportar valor público.
El caso del Instituto de Previsión Militar
Paralelamente, el Instituto de Previsión Militar (IPM) ha solicitado una asignación de Q265 millones anuales durante 20 años, para cubrir compromisos previsionales y operativos.
Aunque la necesidad de garantizar pensiones es legítima, el monto total solicitado supera los Q5 mil millones a largo plazo, lo que ha encendido alarmas sobre la sostenibilidad del sistema. Expertos señalan que no se ha hecho pública una evaluación técnica que respalde tal solicitud.
Una deuda que sigue creciendo sin resultados
El presupuesto 2026 incluye Q31 mil millones en nueva deuda, de los cuales Q25 mil millones serían adquiridos internamente mediante bonos y el resto a través de préstamos internacionales. Sin embargo, la ejecución presupuestaria al primer semestre apenas alcanzaba el 40%, mientras Q24 mil millones permanecen sin uso en cuentas del Banco de Guatemala.
La deuda pública ya representa entre 26% y 27% del PIB, y si bien se mantiene dentro de márgenes aceptables, su uso ineficiente representa un riesgo creciente para la sostenibilidad fiscal.
Especialistas advierten que se está colocando deuda sin ejecutar los fondos, lo cual genera costos innecesarios por intereses y refleja una administración pública que prioriza el endeudamiento sobre la ejecución real de programas.
Sectores clave como comunicaciones, cultura, medio ambiente y agricultura no logran superar el 25% de ejecución, mientras otros ministerios también muestran rezagos importantes. Aun así, las demandas salariales, las contrataciones discrecionales y los aumentos aprobados por sindicatos y diputados se mantienen al alza.
Un ciclo vicioso que no se rompe
El patrón se repite: más presupuesto, más deuda, poca ejecución y muchos privilegios. En el papel, el presupuesto busca promover inversión, desarrollo e infraestructura, pero en la práctica, los recursos se pierden entre la ineficiencia, el clientelismo y la inercia administrativa.
Al final, los recursos provienen del contribuyente. La carga tributaria que asumen los ciudadanos termina financiando seguros, viáticos, bonos y dietas injustificadas. Y mientras tanto, las escuelas públicas, los caminos rurales y los servicios esenciales siguen esperando.
