Puertos guatemaltecos: una ley ambiciosa, pero sin liderazgo
El gobierno de Arévalo presentó la Ley General del Sistema Portuario Nacional. El objetivo es modernizar, atraer inversión y volver competitivos los puertos públicos del país. Pero hay un problema que nadie disimula: la iniciativa nace con una autoridad que no tiene control sobre lo que supuestamente debe dirigir.
Redacción
La ley pretende ordenar el caos con una Autoridad Portuaria que, paradójicamente, no puede dar órdenes. Puede recomendar, sugerir, “opinar”, pero no tomar decisiones vinculantes sobre los grandes puertos públicos como Quetzal o Santo Tomás de Castilla. Es como poner un semáforo que solo da consejos.
Esa autonomía heredada de leyes previas ha permitido que algunos puertos funcionen como islas, operando con su propia lógica —y a menudo sin mucha prisa—.
El nuevo marco legal quiere abrir la puerta al capital privado, fomentar la competencia y conectar el sistema portuario con otras entidades como la SAT y migración. Pero hay un detalle incómodo: los puertos más grandes no están obligados a cumplir con los nuevos planes. Se les puede sugerir, pero no se les puede exigir.
Si la ley se aprueba, arrancará una etapa de transición. Habrá que crear la autoridad, definir reglas, articular intereses. Pero sin un marco legal para intervenir en los puertos públicos, el proceso corre el riesgo de quedarse en promesas.
El sector privado, aunque apoya la reforma, insiste en que se necesita más que una figura decorativa.
“Sin injerencia real, no hay cambio real”, resume un empresario exportador. En otras palabras: sin herramientas, la nueva autoridad será solo un observador con escritorio.
