Presión externa disfrazada de solidaridad

Mientras el Ministerio Público de Guatemala avanza con procesos judiciales por hechos vinculados a bloqueos y manifestaciones del 2023, actores internacionales como la Unión Europea (UE) y la Embajada de Alemania insisten en intervenir, brindando respaldo político y simbólico a personas actualmente ligadas a proceso penal.

Redacción

Una reciente visita de diplomáticos europeos a la cárcel Mariscal Zavala, donde se encuentran los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, vuelve a poner en el centro del debate el doble estándar con que algunos organismos internacionales abordan la situación en Guatemala.

Pese a que ambos fueron ligados a proceso por el Poder Judicial y permanecen en prisión preventiva, los representantes europeos decidieron visitarlos y destacar su rol político en las manifestaciones postelectorales de 2023, sin detenerse a considerar el impacto de su intervención sobre la independencia de los operadores de justicia.

“Las autoridades indígenas defendieron los resultados de las elecciones 2023 y la democracia en Guatemala”, expresó el embajador de la UE, Thomas Peyker, en una declaración que parece ignorar el proceso judicial en curso y el riesgo de validar como intocables a determinados actores políticos.

Aunque la UE asegura que su interés es verificar el respeto a los derechos humanos, la presencia diplomática en centros de detención se ha vuelto una forma velada de presión política.

Este tipo de actos —que por un lado exigen el respeto a la institucionalidad y por otro deslegitiman decisiones judiciales legítimamente emitidas— plantean dudas sobre la coherencia de los estándares internacionales aplicados en el país. ¿Es aceptable que se condicione el actuar del sistema de justicia guatemalteco con visitas simbólicas que privilegian a unos acusados sobre otros?

Diversos sectores advierten que la defensa de los derechos humanos no debería ser selectiva ni instrumentalizada con fines políticos. Mientras los acusados enfrentan un debido proceso, lo mínimo que se esperaría de la comunidad internacional es respeto a la soberanía judicial y abstenerse de acciones que puedan interpretarse como interferencia o presión indebida.