Palomo lo confirma: el gobierno pretende entregar la soberanía a organismos supranacionales

Hoy, en la conferencia gubernamental conocida como «la Ronda», el vocero de Bernardo Arévalo, Santiago Palomo, pretendió desmentir que el retiro de la reserva al artículo 27 transgreda la soberanía, pero sus palabras lo contradijeron, al afirmar que las normativas nacionales deben supeditarse a los tratados internacionales. Es decir, el gobierno pretende entregar la soberanía a organismos supranacionales.

Redacción

Según Palomo, retirar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena no atentaría contra la soberanía. Por el contrario, el vocero dijo que afirmar esto es «desinformación».

Sin embargo, el artículo 204 de la Constitución Política de la República deja claro que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado:

Artículo 204.- Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.

Eufemismos, evasiones y señalamientos no ocultan la realidad

Según Palomo, retirar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena, no significa que Guatemala pierda soberanía. Sin embargo, al mismo tiempo explica que «es una señal de respeto al Derecho Internacional, no una amenaza al orden constitucional».

Evidentemente retorcido, el argumento significa que, de aplicarse lo que Omar Barrios ya calificó como aberración, y varias organizaciones cívicas condenan, Guatemala tendrá que someter sus normativas a las órdenes de entidades cuya injerencia tiene resultados claros en países europeos y en los países de la región que implementan la Agenda 2030.

Entre otros, se harían vigentes muchas de las reformas constitucionales que Todd Robinson, Iván Velásquez y Thelma Aldana trataron de imponer y que no lograron en 2016.

Guatemala es un país soberano y su respeto al Derecho Internacional jamás debería estar por debajo de su propia Constitución Política, coinciden juristas, analistas y tres organizaciones que ya emitieron su postura respecto al presunto atropello cometido por Arévalo, que según Palomo, se «aprobó» desde marzo pasado, aunque ni el Congreso, ni los constituyentes, fueron informados de esta medida, calificada como arbitraria por sus oponentes.