Napoleón Barrientos: ¿otro prófugo en la lista de los «exiliados»?
Napoleón Barrientos, ex ministro de Gobernación, se sumó a los ex funcionarios y personalidades que buscan asilo en el extranjero para evitar investigaciones legales en su contra. Además de negarse a actuar contra los bloqueos ilegales, argumentando «defensa de los derechos humanos», Barrientos es investigado por la Contraloría General de Cuentas por el arrendamiento de un edificio para el Registro Nacional de Personas, donde Barrientos y Blanca Alfaro integran el Directorio.
Redacción
Justamente el 2 de octubre, cuando iniciaron los bloqueos ilegales con el del Ministerio Público (MP), medios de comunicación dieron a conocer la renta de un edificio donde se instalaría la nueva sede del RENAP, por USD$5 millones 260 mil 387.10 por 35 meses.
El contrato se realizó con «La sociedad anónima Zabla Bussines Center fue constituida el 24 de marzo pasado, es decir, un mes después de que el directorio del Renap conoció el proyecto y avaló el arrendamiento del edificio que aún estaba en construcción» (Prensa Libre), y el tercer integrante de la Directiva del RENAP es el diputado Edgar Rodríguez, informó el mismo medio.
Al día siguiente, se conoció que la CGC audita el alquiler, y simultáneamente, se dispararon los bloqueos ilegales que han ocasionado pérdidas incalculables en todos los sectores económicos, afectando especialmente a los pequeños comerciantes y agricultores, pero también a la industria y otros sectores.
Los bloqueos, que sus promotores llaman «paros», abundaron en violaciones contra los derechos de los guatemaltecos, principiando por el de locomoción, y las extralimitaciones de los bloqueadores llegaron a la extorsión y amenazas contra quienes se negaron a participar en el interior de la república.
Todos estos desmanes, que incluyeron actos terroristas, como la toma de las presas El Tesoro y Xayá Pixcayá, se cometieron ante la impasibilidad del ministro, con el discurso de que «no quiere abonar a la polarización», pero que parece estar interesado en retardar cualquier investigación, pese a que el caso del edificio RENAP podría destapar serias irregularidades, de ser investigado.
Horas después de renunciar, como tantos otros funcionarios han hecho, anunció que «tiene ofertas» de países que lo acogerían «si el MP inicia una investigación en su contra». Lo mínimo que se esperaría de un funcionario probo, es que permaneciera en el país para dejar clara su inocencia y buena fe en el arrendamiento del edificio, pero también el trasfondo de su inactividad durante los bloqueos ilegales.
