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Nahualá denuncia masacre mientras Arévalo decreta estado de excepción

16 de diciembre de 2025/en 24/7, Noticias nacionales/por redaccion247prensadigital@gmail.com

El presidente Arévalo, máxima autoridad del país, no ha asumido responsabilidad política por los hechos. Paradójicamente, durante su etapa como diputado, el ahora mandatario calificó los estados de excepción como un “fracaso en la comunicación del Estado” y una muestra de incapacidad para resolver conflictos por la vía institucional.

Redacción

Hoy, su Gobierno recurre precisamente al estado de excepción, sin esclarecer quién disparó, con qué armas se dio muerte a civiles, en qué circunstancias fueron encontrados los cuerpos y por qué no se garantizó una investigación inmediata.

Hasta ahora, tampoco hay respuestas claras sobre por qué los fallecidos fueron enterrados sin necropsias, ni qué entidad ordenó o permitió que se cerrara la posibilidad de una investigación forense completa.

Ninguno de los cuerpos de las personas fallecidas durante los hechos armados en Nahualá ingresó a la morgue de Tanatología Forense de Sololá, confirmó oficialmente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif). La revelación profundiza las dudas sobre la versión oficial y deja en evidencia un vacío grave en la investigación del caso.

Gobierno habla de “grupos armados” y derechos humanos guardan silencio

La versión oficial del gobierno sobre los hechos armados en Nahualá sigue siendo ambigua y evasiva. Mientras el Ejecutivo insiste en atribuir la violencia a “grupos armados ilegales”, la población local señala directamente al Ejército de Guatemala por la muerte de al menos 13 personas, entre ellas dos menores de edad, de 14 y 17 años.

El Gobierno ha optado por minimizar los señalamientos comunitarios y reforzar una narrativa que desvincula a las fuerzas estatales, pese a que los testimonios de vecinos, autoridades locales y líderes comunitarios describen un escenario distinto: civiles atacados mientras se desplazaban, cuerpos recuperados bajo fuego y disparos realizados incluso desde un helicóptero.

Organizaciones de derechos humanos y ONG nguardan silencio ante la masacre en Nahualá. Ni pronunciamientos firmes, ni exigencias públicas, ni acompañamiento visible a las familias de las víctimas.

El alcalde contradice al Ejecutivo

El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj Tzep, ha sido contundente. Rechazó el Estado de Prevención decretado por el presidente Bernardo Arévalo y afirmó que la población no respalda la medida.

Guarchaj aseguró que los hechos se desencadenaron tras la emboscada contra una familia de cuatro personas, a unos dos kilómetros del destacamento militar. El vehículo, afirmó, presentaba alrededor de 200 perforaciones de bala. Posteriormente, cuando vecinos intentaron recuperar los cuerpos, se produjo un nuevo ataque que dejó más fallecidos. En otro punto, denunció, se registraron disparos desde un helicóptero con consecuencias mortales.

Pese a estos señalamientos, el Gobierno mantiene su versión: un “ataque deliberado” contra el Ejército, atribuido a estructuras criminales que se habrían aprovechado del conflicto histórico entre Nahualá e Ixtahuacán.

Un destacamento sin ordenes claras

El destacamento militar en Nahualá lleva años instalado en la zona, precisamente con el argumento de prevenir hechos de violencia vinculados al conflicto territorial y a la presencia de estructuras armadas.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha brindado ningún detalle concreto sobre qué grupo criminal opera en el área, cuál es su nombre, su estructura, sus actividades delictivas ni su vínculo con economías ilegales.

La pregunta es inevitable: si estos grupos existen y son conocidos por las autoridades, por qué no han sido desarticulados, investigados o judicializados en años recientes.

Tampoco se ha explicado por qué, pese a la presencia permanente del Ejército, estos supuestos grupos armados habrían operado con tal nivel de impunidad, ni por qué el Estado no presentó antes resultados de inteligencia, capturas o procesos penales relacionados.

El señalamiento gubernamental hacia “estructuras criminales” aparece, así, más como un recurso discursivo posterior a los hechos, que como el resultado de una investigación sostenida.

Etiquetas: Arévalo, Bernardo Arevalo, masacre
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