Municipalidades: más fondos, menos control

Mientras el gobierno de Bernardo Arévalo ha priorizado el fortalecimiento de fondos asignados a municipalidades, Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y otros órganos locales, la ejecución presupuestaria y la fiscalización efectiva continúan siendo grandes debilidades. Un reciente informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) confirma que esta apuesta por la descentralización ha reproducido fallas estructurales, bajo control y alta opacidad en el uso de los recursos.

Redacción

Durante el segundo semestre de 2024, la CGC auditó a 230 entidades públicas y detectó múltiples irregularidades administrativas y financieras. El resultado: 932 sanciones por un total de 67.5 millones de quetzales, formulaciones de cargos por 7.1 millones de quetzales y 47 denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) por un monto superior a los 215 millones de quetzales.

Entre las entidades más señaladas destacan el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), diversas municipalidades y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).

En el caso de SOSEP, la Contraloría denunció que la entidad dejó de ejecutar 4.4 millones de quetzales asignados al programa “Mis Años Dorados”, lo cual provocó que 49 centros para adultos mayores quedaran sin servicio de alimentación durante 2024.

Además, esta entidad aparece en el listado de denuncias penales por presunto mal manejo de fondos públicos, lo que agrava su situación administrativa.

La falta de ejecución presupuestaria también vulnera los principios establecidos en la Ley del Presupuesto y en la Ley de Protección Integral para las Personas Mayores. Actualmente, la institución está dirigida por Zulma Calderón, exintegrante del equipo cercano del exProcurador Jordán Rodas.

El Ministerio de Salud acumuló 156 sanciones por un total de 40.4 millones de quetzales, mientras que 134 municipalidades fueron sancionadas por diversas irregularidades. Entre las más señaladas figuran:

• San Miguel Acatán (Huehuetenango) con 13 sanciones por 224 mil 603 quetzales.
• San Gabriel (Suchitepéquez) con 12 sanciones por 202 mil 682 quetzales.
• Coatepeque (Quetzaltenango) con 9 sanciones por 998 mil 95 quetzales.
• San Pedro Carchá (Alta Verapaz) con 6 sanciones por 1 millón 61 mil 609 quetzales.

Las denuncias penales abarcan una amplia gama de instituciones. Además de SOSEP y el Ministerio de Salud, se incluyen el Ministerio de Educación (con 11 denuncias por 4 millones de quetzales), varios hospitales, direcciones departamentales, fideicomisos, y las municipalidades de San Miguel Sigüilá, Río Bravo, Pueblo Nuevo, Panzós, La Gomera, Huitán, Guanagazapa y Canillá, entre otras.

El informe deja en evidencia que muchas de las instituciones más sancionadas presentan grandes dificultades para ser fiscalizadas de forma eficaz. La falta de controles internos, la debilidad institucional y la resistencia a la rendición de cuentas las convierten en focos persistentes de irregularidades.

A pesar de esta situación, los fondos asignados a municipalidades, COCODES y CODEDES han continuado creciendo. Sin una mejora sustancial en los mecanismos de fiscalización y control, este modelo de gestión pública sigue siendo vulnerable al mal uso de recursos, como lo reflejan los hallazgos de la CGC.

Los resultados del informe de auditoría generan presión sobre el Ministerio Público, que deberá investigar con prontitud y profundidad los casos denunciados. En especial, se espera una respuesta clara sobre las consecuencias de la subejecución en programas sociales como “Mis Años Dorados”, así como una exigencia de mayor responsabilidad a los funcionarios actuales.