Monja Blanca suspende servicio Pullman por extorsión
Violencia imparable paraliza al transporte. La empresa Transportes Monja Blanca, una de las más reconocidas en el servicio de pasajeros hacia Alta Verapaz, anunció la suspensión temporal de su servicio Pullman debido a situaciones de extorsión que han afectado sus operaciones y puesto en riesgo la seguridad de sus colaboradores y pasajeros.
Redacción
En un comunicado publicado este 9 de octubre, la compañía afirmó que la medida busca “proteger la seguridad, integridad y bienestar de nuestros colaboradores y pasajeros”, mientras se fortalecen los protocolos internos y las acciones de prevención.
El anuncio, revela una realidad alarmante: la extorsión y la violencia en Guatemala continúan creciendo sin control, afectando no solo a empresas privadas, sino a cientos de guatemaltecos.
La suspensión del servicio Pullman de Monja Blanca tiene efectos inmediatos en miles de personas. Cada semana, pasajeros utilizan los buses para viajar entre Cobán y la ciudad de Guatemala por motivos laborales, médicos y educativos. La interrupción de esta ruta representa no solo un impacto económico para la empresa, sino un golpe directo a la movilidad y a la economía local.
Las rutas hacia Cobán, Baja Verapaz, El Progreso y Petén se han convertido en corredores peligrosos. Pilotos reportan presencia de motociclistas sin placas, celulares abandonados como amenazas y llamadas intimidatorias exigiendo pagos.
Extorsión: el enemigo cotidiano del transporte
El fenómeno de las extorsiones ha alcanzado niveles críticos. Datos del Ministerio Público revelan que entre enero y mayo de 2025 se presentaron más de 12 mil denuncias por extorsión en todo el país, con un promedio de 2,700 casos mensuales, lo que convierte a este delito en uno de los más denunciados en Guatemala.
Las cifras oficiales de la PNC muestran que en 2025 los delitos contra la vida y el patrimonio se han incrementado un 12 %, y las extorsiones continúan expandiéndose incluso hacia áreas rurales y turísticas.
Solo en Alta Verapaz, el Observatorio de Diálogos reportó más de 200 denuncias durante los primeros dos meses del año, situando al departamento entre los más golpeados por este flagelo.
Las cifras reflejan un aumento sostenido de más del 50 % respecto al año anterior, con una tasa de 62 denuncias por cada 100 mil habitantes.
Las empresas de autobuses, taxis y fletes se han convertido en blancos constantes de grupos criminales que exigen pagos semanales o mensuales a cambio de “protección”, bajo amenazas de muerte.
