Ministra Patricia Orantes acusada de respaldar denuncias falsas
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes Thomas señaló a Diego López, ex Director de Gestión Ambiental del MARN. López rechaza las acusaciones y asegura que las actuales autoridades podrían ser responsables de varias irregularidades en la evaluación del proyecto Minero Cerro Blanco para beneficiar intereses políticos.
Redacción
En conferencia de prensa, Diego López, ex Director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN presentó una denuncia penal y pública contra los actuales funcionarios del ministerio. López, quien gestionó más de 4,000 expedientes acumulados, incluyendo el del proyecto Minero Cerro Blanco, defendió la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos durante su gestión, desestimando las acusaciones de una «aprobación exprés» del proyecto.
Contrario a las afirmaciones que la ministra de Ambiente, Patricia Orantes sobre “un trato especial” al expediente, López explicó que este fue uno de los muchos que pasaron por su escritorio, siguiendo el procedimiento administrativo estipulado.
El exfuncionario del MARN subrayó que no hubo ninguna intención de aprobar el expediente en una fecha específica; los plazos de cinco días para revocaciones se cumplieron adecuadamente, extendiéndose hasta el 17 de enero de 2024.
“Considero que lo que circula en medios de comunicación relacionado a la resolución de aprobación del instrumento ambiental del Proyecto Minero Cerro Blanco, es un golpe fuerte a la institucionalidad que representa el MARN, ya que deja en tela de duda la certeza jurídica de todos los proyectos aprobados desde la creación de la DIGARN. Ya, que con evaluaciones posteriores y dictámenes fuera de tiempo, pueden recovar o enmendar procedimientos afectando directamente los intereses de los proponentes” puntualizó López.
Denuncias contra funcionarios
López también presentó denuncias ante el Ministerio Público el 10 y el 18 de julio de 2024 contra los ingenieros Ismael Ricardo García Urizar y German Rafael González Figueroa, y contra la licenciada María Olga del Carmen Morales Díaz, por simulación de delito, falsedad ideológica, abuso de autoridad y violaciones constitucionales.
Asimismo, advirtió que las acciones actuales cuestionan la integridad del MARN y podrían socavar la certeza jurídica de todos los proyectos aprobados, creando un precedente peligroso que permitiría la revocación arbitraria de resoluciones.
Esta situación, según López, podría afectar negativamente la inversión en Guatemala, al enviar un mensaje equivocado sobre la estabilidad y legalidad de las decisiones gubernamentales. Además, responsabilizó a la ministra de Ambiente, Ana Patricia Orantes Thomas, de cualquier incidente en su contra y el de su familia, vinculando la controversia a intereses políticos que influyen en la administración pública.
