Ministerios de Desarrollo y Educación continúan adjudicando contratos millonarios a contratista vinculado al gobierno de Giammattei
A pesar del cambio de administración, el empresario Edmundo Asdrúbal Bonilla Reyes, cercano al diputado de Vamos Maynor Gabriel Mejía Popol, continúa obteniendo contratos millonarios con el Estado. En este 2024, su empresa Fabrimix ha sido favorecida por el Mides y el Ministerio de Educación con adjudicaciones que alcanzan los Q42 millones.
Redacción
Entre el 6 y el 9 de septiembre, el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) del Mides, adjudicó dos contratos a Fabrimix por un total de Q22.5 millones para la compra de mobiliario escolar. Estas adquisiciones, a pesar de haber sido realizadas bajo licitación pública, no recibieron otras ofertas, lo que permitió a Bonilla Reyes ser el único beneficiario.
El Ministerio de Educación, por su parte, también otorgó a Fabrimix un contrato en mayo por Q20.9 millones para la compra de 75,000 escritorios unipersonales de paleta. A pesar de la nueva administración de Bernardo Arévalo, estos ministerios continúan eligiendo a un contratista ampliamente favorecido durante el mandato de Giammattei.
Vínculos y cuestionamientos
Bonilla Reyes, además de ser el propietario de Fabrimix, tiene estrechos lazos con el diputado Maynor Gabriel Mejía Popol, miembro del partido Vamos y uno de los legisladores de confianza del expresidente Giammattei. Mejía Popol no solo fue parte de la Junta Directiva del Congreso durante los años del gobierno anterior, sino que también está vinculado a varias empresas que obtuvieron contratos millonarios con el Estado en esa época.
Las conexiones entre Bonilla Reyes y Mejía Popol han generado sospechas sobre el grado de influencia que aún mantiene el bloque oficialista anterior en los procesos de contratación del Estado, incluso bajo la administración de Arévalo. Estas adjudicaciones millonarias han reavivado críticas sobre la continuidad de prácticas heredadas del pasado gobierno.
La postura de los ministerios
El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto Moscoso, defendió las adjudicaciones, asegurando que el mobiliario escolar es una necesidad urgente para apoyar el sistema educativo. Señaló que, aunque conocía los vínculos entre Bonilla Reyes y Mejía Popol, no podía intervenir en los procesos de licitación. «Las juntas de licitación son independientes y su labor es verificar que se cumplan los requisitos legales», indicó.
Por su parte, el Ministerio de Educación ha mantenido una postura similar, justificando la compra de los escritorios unipersonales como parte de su compromiso para mejorar la infraestructura educativa, sin referirse directamente a los antecedentes del contratista.
La sombra de Giammattei sigue presente
Durante los cuatro años del gobierno de Giammattei, Fabrimix se consolidó como una de las empresas más favorecidas con contratos estatales. Estas adjudicaciones a Bonilla Reyes, en plena administración Arévalo, evidencian que, pese a los cambios en el liderazgo del país, ciertos actores económicos ligados al anterior gobierno siguen gozando de privilegios.
