Méndez Ruiz comenta nombramiento de Adriana Camargo como Fiscal General en Colombia
Adriana Camargo, quien trabajó con Iván Velásquez en la CICIG entre 2013 y 2019, es la nueva fiscal General de Colombia. Al respecto, notas de prensa internacional recordaron los señalamientos del Ministerio Público (MP) de Guatemala contra Camargo por el caso Odebrecht-Sandoval. Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), expone su opinión al respecto.
Redacción
«En plena investigación por actos corruptos con Odebrecht, Camargo fue elegida como la nueva fiscal General de la Nación, agitando el ambiente político y judicial», señala el periodista colombiano Frank Saavedra. Los señalados por el MP en el caso Odebrecht son:
David Gaitán, ex mandatario de la CICIG; Mayra Véliz, ex secretaria del Ministerio Público (MP); Juan Pablo Carrasco de Groote, representante legal de Odebrecht y Thelma Aldana, ex fiscal general de Guatemala. Contra todos ellos existe orden de captura,
Camargo, quien jefeó el Departamento de Investigación y Litigio de la CICIG; fue señalada por una serie de correos que le envió a Carrasco, representante de Odebrecht, con quien la funcionaria interactuaba como superior jerárquica. Incluso le indicó al abogado la forma en que el convenio debería ser redactado. La injerencia de la CICIG y la FECI jefeada por Juan Francisco Sandoval en el caso Odebrecht representó una pérdida millonaria para Guatemala.
«Responsable de la salvaje politización de la justicia», señala Méndez Ruiz
«No extraña que después del nombramiento de Iván Velásquez como ministro de la Defensa por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ahora la Corte Suprema de ese país nombre como Fiscal General a la lugarteniente de Velásquez por más de 20.
Así, se cierra sobre el pueblo colombiano un anillo de opresión marxista que no solo maneja las fuerzas de seguridad, pero además también la administración de justicia.
El dúo conformado por Velásquez y Camargo es responsable de una salvaje politización de la justicia en Guatemala cuando tuvo en sus manos el Ministerio Público a través del mandato de la CICIG, siendo responsable de atrocidades que van desde el encarcelamiento ilegal de decenas de personas (que a varias causó la muerte), hasta la pérdida de casi tres mil millones de quetzales gracias a una negociación ilegal con la empresa Odebrecht, utilizando como caniches a la entonces Fiscal General Thelma Aldana y a Juan Francisco Sandoval, por esos días jefe de la FECI», concluye el entrevistado.
