Mayoría de exalcaldes en la directiva de Comisión de Asuntos Municipales del Congreso
La elección de la directiva de la Comisión de Asuntos Municipales en el Congreso de la República ha generado preocupación debido a la presencia mayoritaria de miembros con historiales como alcaldes. Este hecho plantea la inquietud de que los vínculos pasados puedan influir en las decisiones de la comisión, comprometiendo la imparcialidad y transparencia en su labor.
La Comisión de Asuntos Municipales en el Congreso de la República será presidida por el diputado Javier, quien en el mes que lleva de diputado, ha llamado la atención por sus inusuales métodos al retar a dos de sus colegas parlamentarios a enfrentarse en el cuadrilátero.
La directiva de la comisión queda conformada de la siguiente manera:
Esduin Javier-Cambio (Presidente): Exalcalde de Ipala, Chiquimula. Actualmente, enfrenta señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico, y recientemente el Ministerio Público solicitó el retiro de su antejuicio por posibles delitos de lavado de dinero.
Sergio Celis-Cabal (Vicepresidente): En las legislaturas pasadas fue señalado de postular alcaldes alineados a sus intereses. Con más de 16 años en el Congreso, su larga trayectoria genera preocupaciones sobre la independencia de sus decisiones.
Byron Tejeda-Cabal (Secretario): Exconcejal y exalcalde de Salamá en dos periodos. Ha sido señalado por abuso de autoridad, lo que le impidió participar en las elecciones de 2019.
Además, Miguel Ovalle, exalcalde de Salcajá en cuatro periodos y expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), forma parte de la comisión. También, se suman Faver Salazar del partido Valor y Diego Toledo de Semilla.
Este panorama genera interrogantes sobre la objetividad de la comisión para abordar asuntos municipales, considerando la posibilidad de que los miembros tengan afinidades con sus antiguos municipios y puedan favorecer intereses locales sobre el bienestar general. El desafío radica en garantizar que las decisiones de la comisión reflejen el interés público y no estén influenciadas por relaciones previas con municipios específicos.
