Colombia: la paz que no fue

Berit Knudsen

Colombia es un país que, a diferencia de muchas democracias latinoamericanas, no ha conocido una generación sin conflicto armado. Desde los años sesenta hasta hoy, la violencia política ha mutado, pero nunca ha desaparecido. Lo que alguna vez fue ideología revolucionaria promovida desde Cuba, hoy se manifiesta como narcotráfico fragmentado, territorios disputados y gobiernos atrapados entre la represión, la negociación y la omisión.

Desde el estallido social de 2021, cuando 31 departamentos se levantaron contra una reforma tributaria, hasta los actuales enfrentamientos en el Catatumbo, el Cauca y Nariño, Colombia camina al borde de una nueva implosión. Las guerrillas nunca desaparecieron. Las FARC, nacidas en 1964 como brazo armado campesino, pasaron de grupo ideológico a organización narcotraficante. El ELN, con raíces en la revolución cubana, resistió todo intento de desarme. El M-19, del que formó parte el actual presidente Gustavo Petro, se convirtió en partido político, pero dejó una herencia ambigua entre quienes renunciaron a las armas y quienes aún las justifican.

Los acuerdos de paz de 2016 desmovilizaron a un sector de las FARC, pero dejaron un vacío que las disidencias llenaron rápidamente. Las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y los negocios ilícitos siguen intactos. Las armas también. La política de “paz total” impulsada por Petro no ha logrado desescalar los conflictos, sino que ha abierto espacios para que los grupos armados expandan su control territorial y compitan entre sí.

En este contexto, el reciente atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en Bogotá marcó un punto de inflexión. No fue un hecho aislado, sino una señal clara del regreso de la violencia política como método de intimidación. El disparo que hirió a Uribe apuntaba directamente al proceso electoral, mostrando que mafias, grupos armados o intereses ilegales buscan influir en quién puede gobernar y quién no.

Lo más alarmante es que este atentado ocurre mientras Colombia enfrenta conflictos simultáneos en sus fronteras. Al norte, el Catatumbo vive una guerra abierta entre el ELN y las disidencias de las FARC, con vínculos con el Cartel de los Soles venezolano. Al sur, en la frontera con Perú, hay enfrentamientos debido a la presión contra laboratorios clandestinos. Al suroeste, las disidencias atacan patrullas militares cerca de Ecuador.

Las fronteras ya no son límites, sino puntos de fuga del Estado. Si Colombia colapsa o pierde el control sobre más zonas rurales, la violencia puede desbordar hacia sus vecinos. Perú, Ecuador y Brasil observan con preocupación el avance del crimen organizado en sus fronteras amazónicas.

La realidad colombiana debe llevarnos a reflexionar. Cuando el Estado se debilita, la violencia se fortalece. Si esta logra imponer sus condiciones, lo que está en juego no es una presidencia, sino el futuro de la democracia misma.