Margaret Satterthwaite al rescate: “El estado de derecho está en juego”
Desde el inicio del proceso de elección de cortes, la intromisión de organismos internacionales en Guatemala ha suscitado un debate sobre la soberanía nacional. Esta vez fue el turno de la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, quien hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas para que prioricen el interés nacional en la próxima elección de cortes, advirtiendo que «el estado de derecho en el país está en juego».
Redacción
Margaret Satterthwaite instó a nombrar candidatos idóneos que aseguren la independencia de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, resaltando que la imparcialidad de los tribunales es fundamental para el estado de derecho.
Sin embargo, este tipo de intervenciones plantea la pregunta: ¿es realmente necesaria la supervisión internacional en procesos que deberían ser gestionados por las autoridades nacionales?
En su publicación de X, Satterthwaite también se refirió al contexto de desconfianza generado por la inacción del Congreso y las acusaciones de corrupción, que han debilitado la fe pública en los nombramientos.
Mientras que, el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), respaldado por diversas organizaciones internacionales, ha presionado al Congreso guatemalteco presentando una guía para la elección de magistrados conforme a «estándares internacionales». Aunque sus recomendaciones buscan asegurar la imparcialidad, es evidente la injerencia extranjera en un proceso que debería ser exclusivo del Legislativo guatemalteco.
El panel, conformado por figuras como Antonia Urrejola, Sidney Blanco y Ana Lorena Delgadillo, sugiere que el proceso legislativo necesita ser guiado por actores externos, lo que genera cuestionamientos sobre la autonomía del país. El PEI-GT, respaldado por organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Impunity Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), se presenta como una contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.
Satterthwaite también se refirió al contexto de desconfianza generado por la inacción del Congreso y las acusaciones de corrupción, que han debilitado la fe pública en los nombramientos. Aunque su preocupación por la falta de participación efectiva de la sociedad civil es válida, se puede cuestionar si las recomendaciones de organismos internacionales son la solución o si, en última instancia, socavan la capacidad del país para resolver sus propios problemas.
En este contexto, Guatemala se enfrenta a la necesidad de equilibrar las recomendaciones externas con su autodeterminación, asegurando que las elecciones de sus cortes reflejen la voluntad y el interés del pueblo guatemalteco.
