Los gobiernos de la izquierda, las Ongs al poder (V)

Por Julio Valdez

La más clara prueba de que las ongs, sobre todo las de derechos humanos que florecieron durante la década de los ochenta y noventa, y funcionarios asociados, se hicieron con grandes extensiones de poder del Estado es precisamente la imposición de tres hitos históricos:

1. La aceptación de la Misión de Verificación del Acuerdo de Derechos Humanos de la ONU o MINUGUA, que funcionó de 1994 al 2004.
2. La imposición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala o CICIG que va desde el 2006 al 2019.
3. Todos los procesos penales contra militares guatemaltecos por acusaciones de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

Detrás de cada uno de estos hitos hay millones de dólares para ongs que formaban parte de las voces autorizadas que ejercieron presión diplomática para que esto se llevara a cabo, eso sin contar con el financiamiento que costo las dos primeras instituciones y, luego todo el dinero invertido en fiscalías especializadas y costos de funcionamiento de los querellantes adhesivos.

Sumemos ahora, los costos de los informes de las llamadas comisiones de la verdad:

1. REMHI o informe de la recuperación de la memoria histórica realizado por el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado que se llevo a cabo entre el año de 1995 y 1998, en donde participaron al menos 600 personas recogiendo testimonios, (REMHI, s.f.) dentro de la estructura de las comunidades de la Iglesia católica que por cierto, para el día de hoy, ya desaparecieron muchas, porque el cambio cultural hacia denominaciones evangélicas ha sido dramático. Si se suma personal administrativo, asesores, y demás, fácilmente esto ocupó al menos a mil personas, los costos de esto son un misterio hasta el día de hoy. Es un hecho que siendo la Iglesia católica un ente institucional que fue partícipe activo durante el conflicto armado, el que haya realizado un informe al respecto, minimizando su responsabilidad, fue un acto de extremo cinismo y desvergüenza, eso sin contar con las dudas que hay con relación al origen del financiamiento y su destino.

• Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico o CEH que fue producto del trabajo de la comisión creada en el marco del acuerdo específico de 1994. Dicha comisión funcionó de 1997 hasta 1999, cuando finalmente entregan su informe, como verán tan solo un año después de la entrega del informe espurio del Arzobispado de Guatemala, ambas comisiones de trabajo tienen la particularidad de que funcionaron casi al mismo tiempo, da la impresión que algunas fuentes de financiamiento fueron las mismas, por ejemplo, los gobiernos escandinavos, es más, hubo asesores y personal de campo que trabajó en ambos informes. La diferencia en cuanto a contenido entre ambos es poco, se confirma que los mayores responsables de muertes y desapariciones fue el Estado a través del Ejército, y que la guerrilla, Iglesia católica y organizaciones amplias de masas no tuvieron responsabilidad significativa. Otra diferencia y es la razón del por qué la Iglesia se adelantó a sacar su informe, además de estar perdiendo feligresía en forma galopante, es que el acuerdo de 1994 estipulaba la no individualización de responsabilidades ni que este informe iba a ser usado para procesos penales, la Iglesia y las ongs de derechos humanos para este entonces objetaban eso, por lo que ya se habían distanciado de URNG su aliado original.

Luego de la firma del acuerdo definitivo de paz en 1996, venía el cumplimiento de los mismos, excepto el de derechos humanos que como ya dijimos inicio su cumplimiento, contradictoriamente ahora, en 1994, dos años antes con la verificación de Naciones Unidas. Imaginen esto: ya se había aprobado un acuerdo sin que la guerrilla hubiera desistido de deponer las armas. Es más, el acuerdo para el Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, también suscrito en ese año 94 proporcionaba representatividad de negociación a supuestos representantes de población refugiada en México. Todo el mundo sabía que, en su mayoría, eran instrumentalizados por la guerrilla aun armada. Estos dos acuerdos en definitiva fueron éxitos de la diplomacia de la URNG por dos razones:

1. Si bien la guerrilla local había desistido del reconocimiento como fuerza beligerante, que si tenía el FMLN, logró el reconocimiento de sus organizaciones quinta columnistas, que además destinaban ingentes cantidades de dinero a sus respectivas estructuras.
2. Permitió la formación de toda una generación de nuevos cuadros políticos, personas que ya no sostenían la vieja consigna de conquistar el poder por medio de las armas para imponer la patria socialista, sino mas bien eran profesionales y activistas que conectaban muy bien con los discursos de agenda internacional, pronto surgieron los nuevos cuadros de organizaciones feministas, etnicistas radicales y hasta ambientalistas.

Siguiendo con la dimensión de la toma de poder por medios políticos, vayamos a la nueva época que se creó en 1997. Así es, el año 1 del cumplimiento formal, a continuación, algunos hitos históricos:

1. Creación de la secretaria de la Paz o SEPAZ, que tuvo una existencia sostenida desde 1997 hasta el 2020, casi 24 años para coordinar a las institucionales del Estado para el cumplimiento de los acuerdos de paz.
2. En el año 2003 se crea el programa nacional de resarcimiento o PNR que tenía una junta directiva conformada por organizaciones “reconocidas” de derechos humanos como era la Coordinación Nacional de Viudas de Guatemala o CONAVIGUA que duplicaba el trabajo del Grupo de Apoyo Mutuo y luego con la asociación de Familiares de detenidos y desaparecidos de Guatemala con FAMDEGUA, estas u otras formaban parte de aquel esfuerzo institucional que era el encargado de resarcir financieramente a las supuestas víctimas, además coordinaba entrega de viviendas, asistencia psicológica y hasta los homenajes a victimas que hubieran sido demandados por tribunales especiales o bien por dictámenes de organismos supranacionales como la CIDH contra el Estado de Guatemala.

Sumemos a esto todos los programas de orden económico que supuestamente iban dirigidos a la población vulnerable, esto con la idea de atacar los orígenes del conflicto armado, pero en realidad era clientelismo puro y duro.

Pero el tema es que la institucionalidad tanto del Estado como la que giraba alrededor que eran Ongs, impusieron la narrativa, definieron durante al menos los dos gobiernos posteriores al de Arzú la política económica, error es entonces definir a estos como administraciones de derecha per se.

Para 1997 cuando se produce la desmovilización de combatientes y sus estructuras de apoyo local en Guatemala, luego de haber firmado la paz, se confirma lo que todos sabían, aquellos militantes era gente con mediana formación militar, y baja formación académica comandados por políticos llamados mestizos a nivel local, los simpatizantes en su mayoría estudiantes, sindicalistas, y algunos comunitarios no representaban una base sólida como para poder constituir un partido político que aspirara a ganar las elecciones presidenciales. El Gabinete del presidente Arzú contaba con figuras destacadas provenientes del ámbito de las organizaciones internacionales, como era el caso de Eduardo Stein quien procedía de la Organización Internacional de Migración OIM y luego durante el gobierno del defenestrado Otto Pérez Molina se propuso como candidato a secretario General de la OEA, no creo que se importante dar a conocer el prontuario de puestos que tuvo en organismos internacionales, lo que salta a la vista es el criterio del gobernante para elegirlo como canciller primero y luego como vicepresidente en el caso de Berger.

Es necesario entender que entre las décadas de los ochenta y noventa, además del frente externo, el diplomático, las guerrillas realizaron alianzas con personajes y organizaciones que más adelante serian las responsables de empujar los procesos de paz en la región, el más ignominioso el de Guatemala, porque representó enormes cantidades de dinero en proyectos y nombramientos para quienes se subieron en el tren de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. A ver, si comparamos a de los tres grandes conflictos armados que se desarrollaron en la región el de Guatemala fue el que menos impacto tuvo a nivel militar, pero fue el que mas se publicitó a nivel mundial y del cual mas personas, no combatientes, se sirvieron.

Todos los gobiernos desde 1986 hasta el día de hoy han echado mano a los tecnócratas de las ongs, algunos más que otros, sin embargo, han sido en  aquellos donde la tendencia de izquierda es mayor cuando estos incluso han formado parte de la estructura de mando, tal es el caso de los gobiernos de Alfonso Portillo, Álvaro Colom y por supuesto Bernardo Arévalo, quien en un acto de disculpas oficiales por el secuestro de la periodista Alaide Foppa recalcó mucho la narrativa sobre el conflicto, y claro, la coincidencia de esto con lo repetido por las organizaciones de derechos humanos desde la década de los ochenta, es incuestionable. Y no se trata de un tema de la realidad, sino de cómo se presenta la narrativa de esa realidad.

La infinita intervención colonial de la cooperación internacional, que presionó a que estos países firmaran acuerdos de paz, había ofrecido además de ayudas que equivocadamente se presentaron como no reembolsables, préstamos y asistencia técnica a mares, cabe mencionar que gran parte de esas ayudas simplemente se arrojaron a la basura, ayudaron a alimentar la nueva corrupción que predominó en la post guerra, de ahí que el objetivo simplemente no se cumplió, el acabar con las causas del conflicto, y es que el diagnóstico previo también estaba mal enfocado. El gobierno de Álvaro Arzú terminó el conflicto a partir de la agilización de las negociaciones de paz, la idea era obvia, acceder a los supuestos beneficios que esto daba, a pesar de que con ello estaba aceptando la derrota del mismo Estado que el administraba. Antes de morir, debo imaginar que descubrió su error cuando se producen sus encontronazos con la CICIG, producto de ese monstruo que nació con los acuerdos de paz.