Los bloqueos que paralizaron Guatemala y la alianza política que los respalda

Los 48 Cantones de Totonicapán fue uno de los actores centrales en los bloqueos que paralizaron Guatemala durante más de un mes en 2023, una acción coordinada que provocó graves daños a la economía, al trabajo y a los derechos fundamentales de millones de guatemaltecos, y cuyos responsables comienzan a enfrentar procesos judiciales.

Redacción

El gobierno de Arévalo ha optado por defender políticamente a los 48 Cantones de Totonicapán y descalificar las investigaciones judiciales. Analistas y sectores críticos señalan que esta postura no es aislada, sino que forma parte de una alianza política más amplia, sostenida también por respaldo internacional indirecto.

De acuerdo con estos señalamientos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) han mantenido financiamiento a proyectos canalizados a través de ONG, asociaciones y programas de “fortalecimiento democrático”, algunos de los cuales han tenido vínculos operativos o de coordinación con estructuras sociales afines a los 48 Cantones. Aunque estos fondos se presentan como cooperación internacional, críticos sostienen que han servido para blindar políticamente a ciertos actores, sin exigir responsabilidades por los efectos de sus acciones.

Daño económico y social documentado

Durante semanas, el país quedó prácticamente inmovilizado. Carreteras, rutas comerciales y pasos clave fueron cerrados de forma sistemática, afectando el transporte de alimentos, combustibles y medicinas. Lejos de tratarse de protestas aisladas, los bloqueos respondieron a una estrategia sostenida de presión, con liderazgo visible y control territorial en distintos departamentos.

Cámaras empresariales y sectores productivos advirtieron que cada día de bloqueos generó pérdidas de cientos de millones de quetzales, golpeando con especial dureza al comercio, la agricultura, el transporte y la industria. Pequeños comerciantes y productores fueron empujados a pérdidas irrecuperables, mientras miles de trabajadores quedaron sin ingresos por semanas.

El impacto se trasladó de inmediato a los hogares. La interrupción de cadenas logísticas provocó escasez y alzas en los precios de la canasta básica, afectando de manera directa el derecho a la alimentación, especialmente en los sectores más vulnerables.

Derechos fundamentales vulnerados

Además del impacto económico, los bloqueos implicaron violaciones masivas a derechos constitucionales, entre ellos:

• La libre locomoción, al impedir el tránsito de personas y mercancías.
• El derecho al trabajo, por cierres forzados y suspensión de actividades.
• El derecho a la salud, al dificultar el traslado de pacientes y ambulancias.
• El derecho a la alimentación, por el desabastecimiento y el encarecimiento de productos básicos.

Pese a estas consecuencias, los dirigentes de los 48 Cantones defendieron los bloqueos como una forma legítima de presión política, sosteniendo que constituían un “derecho”, aun cuando ninguna norma legal ampara acciones que lesionan de forma generalizada a terceros.

Dirigentes bajo investigación judicial

Las acciones de 2023 dieron origen a investigaciones penales que hoy avanzan en el sistema de justicia. Luis Pacheco y Fernando Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones, ya enfrentan proceso penal por su presunta participación en la planificación y ejecución de los bloqueos.

A ese expediente se suma la detención de Basilio Puac, también exdirigente de la organización, capturado por orden de un juez, como parte del mismo caso. Las investigaciones buscan establecer responsabilidades por hechos que traspasaron el marco de la protesta pacífica y derivaron en daños estructurales al país.