Ligia Hernández se declara culpable, pero afirma que fue por «presión»
Ligia Hernández se declara culpable, pero afirma que fue por «presión»
Ligia Hernández, exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, recuperó su libertad el 11 de noviembre tras declararse culpable de los delitos de financiación electoral y financiamiento electoral no registrado.
Redacción
Según Hernández, está decisión fue tomada por la «presión» y los «quebrantos de salud» sufridos durante su detención, resuena como un eco de casos anteriores, como el de Juan Francisco Solórzano Foppa, en las que figuras públicas han optado por admitir cargos sin expresar arrepentimiento genuino, lo que abre el debate sobre el verdadero propósito de este mecanismo.
A través de su abogado, Hernández solicitó la suspensión condicional de la pena, logrando una condena reducida de seis meses y una multa de Q10,000. Su liberación inmediata, sin mayores sanciones, subraya la flexibilidad del sistema judicial al permitir que figuras políticas se acojan a estos procedimientos, aprovechando una salida legal pero controvertida.
Esta medida, que otorga libertad a cambio de una admisión de culpabilidad, plantea preguntas sobre si la aceptación de cargos responde realmente a un reconocimiento de los errores o si se convierte en una herramienta para eludir consecuencias más graves.
En un comunicado difundido tras la audiencia, Hernández insistió en que su decisión fue un acto de «justicia y amor» hacia su familia, argumentando que su salud y seguridad en prisión la obligaron a optar por este camino.
Aun así, su postura revela que considera injusta su detención y denuncia un entorno de presión política. La exdiputada del Movimiento Semilla y actual director del Instituto de la Víctima expresó que, pese a haber aceptado los cargos, su intención no fue la de asumir culpa moral, sino de encontrar una vía para proteger su vida y su familia.
Caso Corrupción Semilla
El caso Corrupción Semilla involucra a diversas figuras políticas y del ámbito público, quienes han sido señaladas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en relación con delitos de financiamiento electoral ilícito. Entre los acusados, varios han optado por la figura de aceptación de cargos.
Según el ente investigador han logrado examinar 20 mil firmas de las 25 mil presentadas por la agrupación política Movimiento Semilla. De las cuales, más de 8 mil ciudadanos habrían sido adheridos ilegalmente al partido político, mediante falsificación de documentos. Así también, al menos 12 personas fallecidas habrían sido inscritas en dicho partido político.
Semilla habría autorizado el pago de Q7 quetzales por firma recolectada, que suman la cantidad aproximada de Q175 mil quetzales por las 25 mil firmas. Sin embargo, se desconoce la fuente de financiamiento.
La investigación inició en 2022 y fue hasta el 11 de julio de 2023, que el Tribunal Supremo Electoral envío el último informe requerido, corroborando la información solicitada.
