Liga Pro-Patria presentó acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que elimina reserva clave de la Convención de Viena
Liga Pro-Patria presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Gubernativo 65-2025, por medio del cual el presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio de Relaciones Exteriores eliminaron la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT).
Redacción
De acuerdo con los representantes de Liga Pro-Patria, el acuerdo viola principios fundamentales del orden constitucional guatemalteco al eliminar una protección expresa que garantizaba la supremacía de la Constitución frente al derecho internacional.
La acción fue promovida por José Carlos Pomés, presidente de Liga Pro-Patria, con el auxilio de los abogados Fernando Linares-Beltranena, José Domingo Paredes Morales y Diego Sagastume Vidaurre. En el documento se señalan violaciones a los artículos 44, 46, 135, 141, 149, 154, 175, 180, 183 y 204 de la Constitución.
Los juristas argumentan que ni el presidente ni el Minex tienen facultades para suprimir una reserva que forma parte de una norma con jerarquía de ley, aprobada por el Congreso mediante el Decreto Legislativo 55-96. Cualquier cambio —incluyendo la eliminación de reservas— requeriría aprobación legislativa.
¿Qué hacía la reserva?
Desde 1997, Guatemala mantenía una reserva sobre el artículo 27 de la CVDT, aclarando que la Constitución prevalecía sobre cualquier obligación internacional. Este artículo impide que un Estado invoque su derecho interno como justificación para incumplir un tratado.
Con la reserva, se dejaba claro que la Constitución no podía ser desplazada. Sin ella, advierten los denunciantes, se abre la puerta a una subordinación inconstitucional.
Minex justifica la decisión
El Ministerio de Relaciones Exteriores defendió el acuerdo argumentando que la reserva era innecesaria y que su levantamiento “no afecta la supremacía constitucional”, pues la CVDT ha sido aplicada por Guatemala desde hace décadas. No obstante, los accionantes insisten en que el acto debilita el marco jurídico interno y se tomó de forma inconstitucional.
La Corte de Constitucionalidad deberá decidir si admite para su trámite esta acción, que podría sentar un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en materia de tratados internacionales y protección constitucional.
