Libre al viento tu hermosa bandera…

Cuando se iniciaron las pláticas para alcanzar un acuerdo que diera fin al enfrentamiento armado interno, los oficiales del Ejército no estábamos preparados para ese desenlace; quienes teníamos el mando de las unidades de combate, fuimos entrenados desde el primer día en la Escuela Politécnica, para alcanzar la victoria en cualquier escenario de combate. A diferencia de otras generaciones de Comandantes, la nuestra ingresó al Ejército casi al tiempo que se iniciaron las operaciones de la guerrilla, por lo tanto, nos nutrieron de las experiencias de combate, asistimos a cursos de especialización en operaciones de montaña y nuestros mentores fueron muy sabios en proporcionar los elementos esenciales de análisis de situación para conocer y entender lo que hacíamos en consonancia con las condiciones tácticas y el ordenamiento legal vigente.

Cuando tuvimos las primeras noticias de la posibilidad de iniciar pláticas con el enemigo, nos encontrábamos empeñados en cambiar radicalmente la táctica de combate para liquidar un problema que en sí, ya estaba en vías de liquidarse por los éxitos contundentes que las unidades de maniobra habían obtenido. Solo faltaba elaborar algunos ajustes para acortar el tiempo.
Nos llevó tiempo, análisis y convicción, acostumbrarnos a ver a los alzados en armas, como sujetos dignos de ser escuchados para buscar rutas más cortas que llevaran a nuestra nación a un estado de paz y concordia en el que los propósitos políticos fueran discutidos en terrenos políticos, por medios políticos y no por la vía armada.

Una de las etapas finales de esta temática, consistió en establecer los mecanismos de perdón a las violaciones a la ley que se habían dado en el enfrentamiento. Y es que, vivir un encuentro armado en la espesura de la selva, en la oscuridad de la noche, dentro de áreas densamente pobladas; atendiendo los requerimientos de dirección y control mientras también se atienden heridos y fallecidos no es tarea fácil de comprender para quienes, en otro escenario de la vida, pasan el día en tareas propias de su trabajo, desayunan almuerzan y cenan, ven a su familia y reciben a tiempo su salario estando en condiciones de dormir ocho horas diarias a placer.

De esa cuenta, nadie estaba dispuesto a someterse a caprichos de terceros que más adelante reclamaran derecho a una justicia por la cual JAMÁS estuvieron dispuestos a luchar. Lo bailado (como dijo un miembro de URNG) ya nadie lo puede arreglar.

Fue apareciendo entonces, el listado de artículos que conformaron la Ley de Reconciliación Nacional con la pretensión de dar certeza jurídica al futuro de quienes participaron en el enfrentamiento.

Como lo dice en su libro Alvaro Arzú, los primeros que aparecieron oponiéndose a la firma de los Acuerdos de Paz, fueron los jerarcas de la Iglesia Católica, y fueron ellos, también, quienes iniciaron a través de la ODHA la campaña de persecución penal, por supuesto, solamente en contra de miembros del Ejército y colaboradores como Comisionados Militares, miembros de la autodefensa civil y oficiales.

Para lograr esta persecución, debidamente apoyados por infiltrados en el sistema de justicia, retorcieron términos como “genocidio”, “desaparición forzada” y “delitos de lesa humanidad”, obteniendo sentencias de la CIDH para resarcir económicamente a las supuestas víctimas. Este resarcimiento fue un detonante entre la población, pues se trata de montos millonarios inimaginables para ellos y los dispuso a participar como víctimas aprendiendo el papel creado para el efecto por los promotores de lo que llamaron “justicia transicional”.

Este sistema perverso, empleó para sus fines a profesionales de dudosa reputación busca fortunas y a ONGs creadas con fines espurios, para hacer “expertajes”que pudiesen ser utilizados por los justicieros como “pruebas contundentes” para emitir sentencias hasta de cientos y miles de años de prisión contra quienes, en realidad, defendieron la agresión armada contra el Estado de Guatemala en cumplimiento a un mandato constitucional.

Ahora, le corresponde a ese Estado de Guatemala cuya amenaza armada ya no pone en riesgo a sus instituciones, devolver a los mejores hijos que esta Patria ha parido, su bien más preciado LA LIBERTAD que se merecen, aunque esto ya no sea posible para Don Cándido Noriega, el honorable Coronel Marco Antonio Sánchez y el honorable Coronel Luis Paredes quienes infortunadamente fallecieron dentro de una prisión injusta..

Ahora le corresponde a ese Estado de Guatemala a través del Congreso de la República, dar una muestra de justicia verdadera derogando el artículo 8o de la Ley de Reconciliación Nacional y demostrar para la historia que la Patria no es una quimera y defenderla es el primer deber de un ciudadano.

¡Porque la patria es nuestra causa y nuestro fin!

Coronel de Ingenieros DEM
Cecilio Antonio Peláez Morales