Ley 5082: una normativa que ataca a los comercios y productos
La ley diseñada para empobrecer a los más pobres y afectar a los comerciantes fue aprobada en tercera lectura. Tal como la plantearon, podría motivar escasez y encarecimiento de productos, pero además, en medio del endeudamiento extremo que motivó el gobierno anterior, la ley propone crear una nueva autoridad, que además de onerosa para los guatemaltecos, tendrá facultades amplias que pueden llevarla a cometer diversos abusos de autoridad.
Roxana Orantes Córdova
La Ley Marco para la Defensa y Protección al Consumidor fue propuesta en 2016 por los diputados Carlos Barreda Taracena (UNE); Roberto Castañeda Reyes (UCN) y Oscar Chinchilla (CREO).
Como tantas otras propuestas, la normativa estuvo guardada durante años hasta que recientemente, la alianza oficialista dirigida por la bancada independiente Semilla la resucitó y la aprobó contrarreloj, como hace con tantas otras leyes descabelladas y en su mayoría dañinas para el país.
La 5082 no es la única, pero podría ser una de las más nefastas, ya que quienes la adversan coinciden en que contiene los elementos necesarios para llevar a Guatemala a un panorama de escasez y crisis en el comercio similar al de tantos otros países adheridos al Foro de Sao Paulo.
Redundante y empobrecedora, así es la normativa que quiere la “izquierda rosa” gobernante
Personalidades de diversos ámbitos opinaron sobre el tema. Dos de los comentarios: la diputada Sandra Jovel y el ex jefe de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa, se tomaron de sus redes sociales.
Fernando Linares Beltranena, constituyente y dignatario de la Nación, comenta: “es redundante pues ya tenemos el Código Civil, Código Penal por estafas y la Ley de la DIACO. Subirá el precio de los productos por toda la burocracia.
¡Esta ley es el sueño de un regulador y controlador compulsivo! No toma en cuenta que la competencia libre es el mejor regulador”.
Un empresario que prefiere no dar su nombre, considera que básicamente, no es necesaria una ley. “El mercado es el que rige y debe regir los servicios, con base en oferta y demanda.
Esta ley deja desprotegido al comerciante, ya que le impondrá más burocracia y el comerciante terminará siendo manipulado, no por el mercado sino por grupos de interés”.
Por otra parte, indica: “el consumidor no necesita que lo protejan, mientras exista la libertad de crear comercios, empresas y negocios, el consumidor tendrá la libertad de escoger, basado en sus criterios”.
En redes, el ex jefe de la SAT y abogado conocido por su desempeño en casos como el de Jose Rubén Zamora, asegura estar plenamente convencido de que debe ser aprobada de urgencia. “Necesitamos esa ley”, asegura.
Los más pobres y las empresas más pequeñas: perdedores de la ley 5082
Entre los principales objetores de esta ley está la diputada Sandra Jovel, de VALOR, quien votó en contra, calificando de “elefante blanco” y “extorsionista con licencia” al proyecto que aplauden los izquierdistas.
Jovel señala en sus redes que “la normativa es perversa, porque crea más institucionalidad aunque ya existe la Diaco; pretende ser juez y parte, imponiendo sanciones y supervisando funciones; desprotege al consumidor, porque encarece costos y obliga a comprar pólizas; desincentiva la actividad del micro, pequeño, y mediano empresario; suma costos complementarios obligatorios; limita la productividad, inversión y emprendimiento”.
Por su parte, la abogada Amanda Santizo dice: “tal como hicieron esta ley, me di cuenta de que, lejos de ayudar, se trata de afectar los bolsillos de los que menos tienen.
Esta iniciativa pretende ser un caballito de batalla para atacar comercios y productos. Esta batalla representa un gasto y este gasto se distribuye entre comerciantes y consumidores, que recibirán tal vez el mismo producto y misma calidad, pero mayor precio. O como ha pasado en otros países, el mismo producto con menor calidad, menor cantidad y al mismo precio o más caro.
No hubo análisis de situación para plantearla, porque Alejandro Giammattei nos dejó suficientemente endeudados y no es momento para crear nuevas instituciones, como plantea esta normativa”, concluye Santizo.
Extralimitación y poder ilimitado a un ente estatal
Ya se mencionó que la ley, diseñada para encaminar al país a una situación que podría ser más catastrófica de como la dejó el gobierno saliente, otorga un gran poder a un ente burocrático que pretendería regular el mercado (lo cual es absurdo y empobrecedor).
Al respecto, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), en la que participan la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa); el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Fundación 2020, expuso en redes:
“La Iniciativa 5082, Ley Marco para la defensa y protección al consumidor pretende crear una autoridad -PRODECO- cuyas funciones y derechos a resguardar se extralimitan del campo de actuación que entidades similares tienen en otros países, por lo que se hace necesario evaluar los fundamentos teóricos sobre los que se sustenta la iniciativa.
Las características propuestas para dicha entidad, con facultades tan amplias, no solo entraña riesgos de abuso de autoridad, sino que difiere del modelo funcional encontrado en otros ordenamientos legales y no necesariamente redundará en que la política de protección al consumidor sea funcional”.
Con tantos argumentos, es probable que la normativa sea objetada como inconstitucional. Si esto no ocurre, los guatemaltecos debemos prepararnos para un período de caos económico y crisis en un comercio que no lograron quebrar, ni las restricciones de la “pandemia”, ni los bloqueos criminales de los 48 Cantones, que “cumplida su misión” de entronizar al nuevo régimen, permanecen aparentemente alejados del quehacer político.
A continuación, el análisis de ATAL sobre la referida ley:
