Laguna del Tigre: el “triunfo ambiental” de Arévalo frente a un parque desprotegido
El cierre de Perenco se vende como un triunfo ambiental por el gobierno, pero persisten invasiones, saqueo de tierras y falta de información técnica. Mientras Pemex observa y Arévalo negocia, la Laguna del Tigre sigue desprotegida, revelando la debilidad real de las políticas estatales.
Redacción
El presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, han presentado el cierre de las operaciones de la empresa petrolera Perenco en el Campo Xan, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre, como un avance significativo en la protección del medio ambiente.
Sin embargo, expertos y observadores señalan que el Gobierno ha minimizado problemas estructurales persistentes en la región, como invasiones ilegales y falta de información técnica.
Mientras el gobierno de Arévalo presenta el cierre de Perenco como un avance en la protección ambiental, surgen contradicciones evidentes: aunque se anuncia un triunfo ecológico, la falta de información técnica sobre daños específicos y la continua presencia de invasiones y actividades ilegales muestran que la acción es más simbólica que efectiva.
Al mismo tiempo, el interés de Pemex en asumir operaciones en el Campo Xan revela que, detrás del discurso ambiental, existen negociaciones estratégicas y económicas que podrían priorizar el control de recursos por encima de la protección real del ecosistema.
Laguna del Tigre: tierra de nadie
La salida de Perenco no asegura restauración ni vigilancia, y las implicaciones económicas del cierre —con un costo estimado en decenas de millones de dólares— ponen en evidencia la fragilidad de las políticas gubernamentales frente a intereses corporativos y estatales.
El Parque Nacional Laguna del Tigre, con sus aproximadamente 221,000 hectáreas, es la mayor reserva de humedales del país y un área clave de biodiversidad.
Sin embargo, lejos de haber logrado una victoria ambiental, se evidencia que muchas de las hectáreas bajo protección estatal fueron invadidas, saqueadas y transformadas por actividades ilegales, sin que el gobierno actual realice acciones para tomar el control de las más de 200 mil hectáreas que integran el parque. Al mismo tiempo, Perenco mantenía un control técnico y vigilado de su zona de explotación (menos de 10 mil hectáreas).
La gran pregunta ahora es qué pasará con estas tierras: sin un plan integral de protección y control, la retirada de la petrolera podría abrir la puerta a un deterioro aún mayor del parque y a un vacío de autoridad frente a actores ilegales.
Declaraciones oficiales y contradicciones
El presidente Arévalo afirmó que, en 40 años de operación, Perenco causó la pérdida de más de 6,000 hectáreas de bosque, contaminación de fuentes de agua y pérdida de biodiversidad.
Además, destacó que la extracción de petróleo requería inyectar 120 barriles de agua dulce por cada barril de crudo extraído, lo que resultaba en la contaminación de los recursos hídricos de la región.
Por su parte, la ministra Orantes, en una citación ante el Congreso, admitió desconocer los daños ambientales específicos causados por las operaciones de Perenco, lo que ha generado preocupación sobre la falta de información técnica en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Orantes, al ser cuestionada por Álvaro Arzú Escobar sobre el impacto ambiental de Perenco, admitió:
“No tengo respuesta para esa pregunta, por desconocimiento” declaró Orantes.
El doble discurso queda en evidencia: mientras el Ejecutivo asegura proteger el medio ambiente y defender la soberanía, la administración carece de información técnica sobre los daños reales, y la iniciativa legislativa 6575 aún podría prolongar el control de Perenco mediante un “cierre técnico” de hasta 8 años, según expertos.
La perspectiva de Francisco Asturias
El conservacionista Francisco Asturias ha señalado que el verdadero problema en la región no es únicamente la actividad de Perenco, sino una serie de factores estructurales que incluyen invasiones ilegales, ganadería extensiva, extracción ilegal de madera y actividades del crimen organizado.
A través de su cuenta de Facebook, Asturias enfatiza que estos problemas persisten incluso tras el retiro de Perenco, lo que pone en duda la efectividad de las acciones gubernamentales en la protección del área.
A pesar de las declaraciones oficiales, informes indican que el Parque Nacional Laguna del Tigre sigue siendo objeto de invasiones ilegales. Según fuentes locales, más de 30 comunidades han establecido asentamientos en áreas protegidas, lo que agrava la situación ambiental y dificulta los esfuerzos de conservación.
El costo del cierre y el interés de Pemex
El cierre de las operaciones de Perenco no solo representa un desafío ambiental, sino también económico. El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, estimó que el costo para el cierre técnico de las operaciones podría ascender a aproximadamente 50 millones de dólares. Este proceso podría extenderse por varios años, dependiendo del enfoque adoptado por el Gobierno.
Además, se ha informado que el gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, asumirá el control de las operaciones de cierre de los pozos en el Campo Xan.
La reunión de Sheunbaum y Arévalo también tiene un trasfondo geopolítico. Guatemala y México buscan estrechar la cooperación energética y ambiental. La presencia de Pemex en proyectos fronterizos y la negociación de un corredor biocultural trinacional muestran que la política petrolera y ambiental del Ejecutivo podría alinearse con intereses mexicanos, más allá de la protección real de la reserva.
