La nueva estrategia contra la Fiscal General

Desde el inicio del actual gobierno, ha quedado en evidencia una constante: el deseo de remover a la fiscal general, Consuelo Porras, a cualquier costo. En distintos momentos se han utilizado discursos políticos, señalamientos sin sustento judicial, y ahora, incluso, se explora su posible remoción por incapacidad física o mental.

Redacción

Esta línea de ataque cobró fuerza a partir del 21 de diciembre de 2023, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Ministerio Público, y estableció que la capacidad física o mental del titular del MP puede ser causal de remoción.

Si bien la resolución abrió esa puerta, preocupa la manera en que este criterio podría convertirse en un mecanismo discrecional —e incluso político— para forzar una salida que no se ha logrado por la vía legal o institucional.

Las recientes ausencias de la fiscal Porras han sido rápidamente aprovechadas por sectores afines al oficialismo para sembrar dudas, sin que exista hasta el momento un dictamen técnico oficial que confirme algún grado de incapacidad.

Se ha especulado, se ha acusado y se han multiplicado los rumores, mientras la fiscal ha continuado ejerciendo su cargo, aunque con menos presencia pública, algo que no equivale automáticamente a ineptitud.

Es importante subrayar que, según la Constitución, el cargo de fiscal general es personalísimo, independiente y con un período fijo. Su remoción no puede responder a percepciones, presiones o conjeturas, sino a pruebas objetivas y procesos transparentes.

Sin embargo, el discurso actual parece orientado a preparar el terreno para una destitución disfrazada de preocupación institucional.

Más allá de las diferencias políticas o de gestión, la instrumentalización del criterio de “capacidad mental o física” sin base científica ni transparencia representa un peligro grave para la institucionalidad.

Si se valida esa lógica, se abriría la puerta para que cualquier funcionario incómodo sea evaluado en su salud más que en su desempeño jurídico o administrativo.

Este no es solo un tema de legalidad, sino también de ética y respeto a la independencia de poderes. La fiscal general, guste o no a sus detractores, fue nombrada conforme a la ley y su período está vigente.

Cualquier intento por removerla debe estar sujeto a los mecanismos legales establecidos, no a especulaciones disfrazadas de diagnóstico.