La noche que cambió el Presupuesto 2024: Oposición señala ilegalidades
En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, el Congreso aprobó de urgencia nacional una ampliación presupuestaria que eleva el presupuesto total del Ejecutivo a más de Q130,581 millones, con una asignación adicional de Q14,451 millones. Esta cifra monumental plantea serias interrogantes sobre la ejecución de estos fondos.
Redacción
El presupuesto total del Ejecutivo se eleva a más de Q130,581 millones. Esta cifra colosal no solo destaca la magnitud del financiamiento disponible para el gobierno, sino también el desafío crítico de cómo se gestionarán y ejecutarán estos recursos.
Mientras el gobierno se ha centrado en asegurar un aumento considerable en el presupuesto, la falta de resultados claros y efectivos plantea serias preocupaciones. La atención parece haberse dirigido principalmente a obtener más fondos, sin proporcionar una visión clara ni evidencia concreta de cómo estos recursos serán utilizados para lograr mejoras tangibles en áreas prioritarias.
La falta de debate y transparencia en la aprobación de una serie de enmiendas, junto con la reducción abrupta de fondos para áreas esenciales, sugiere un uso cuestionable del presupuesto nacional. La urgencia en la aprobación y la redistribución de recursos sin una planificación adecuada podrían perpetuar la ineficiencia y desviar la atención de las verdaderas necesidades del país.
Enmiendas
La enmienda al artículo 3 de la ampliación presupuestaria, aprobada sin debate previo, refleja una notable desviación de las prioridades establecidas. A pesar de que el Ejecutivo había señalado al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio de Desarrollo Social como áreas prioritarias, los ajustes presupuestarios redujeron drásticamente los fondos destinados a estos sectores. Por otro lado, se redistribuyó una cantidad significativa a la Presidencia de la República y a los Consejos de Desarrollo.
Estas medidas han generado un rechazo categórico por parte de algunos legisladores, como el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien ha calificado el proceso como «ilegal e inconstitucional». Además, Arzú Escobar destaca que la interrupción del derecho constitucional de los diputados para discutir asuntos ordinarios viola el artículo 166 de la Constitución, lo cual podría invalidar la ampliación presupuestaria.
Entre las enmiendas más controversiales se encuentra la asignación de Q1,000 millones para la compra de fertilizante y créditos en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Este movimiento ha suscitado preocupaciones sobre los intereses detrás de estas asignaciones, especialmente considerando que la reducción de presupuestos para otros ministerios ha sido significativa:
Ministerio de Trabajo: reducción de Q45 millones
Ministerio de Comunicaciones: reducción de Q315 millones
Ministerio de Educación: reducción de Q330 millones
Ministerio de Desarrollo Social: reducción de Q310 millones
La asignación de Q1,000 millones para fertilizantes y créditos, en el contexto de una reducción drástica en otros ministerios, puede ser vista como una estrategia que busca beneficios inmediatos y apoyo popular, en lugar de una solución estructural a problemas persistentes.
Aunque estas medidas pueden ofrecer alivio a corto plazo, su impacto real y sostenibilidad deben ser evaluados con cuidado. La falta de debate y la redistribución cuestionable de recursos plantean serias preocupaciones sobre la prioridad que se da a la eficiencia y la equidad en el uso del presupuesto nacional.
El pleno del Congreso aprobó el artículo 12 de la Ampliación Presupuestaria que, establece una incremento de Q300 millones al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.
