«La narrativa anticorrupción del Ejecutivo fue tan solo eso: una narrativa», afirma Porras
En conferencia de prensa de esta tarde, la fiscal Consuelo Porras afirmó que la fuga de los reos en Fraijanes II constituye una evidencia sobre la profunda corrupción institucional entre el Ministerio de Gobernación
Redacción
Los operativos de hoy responden a la gravedad de la situación. «Las investigaciones del MP confirman que esta fuga fue posible por la complicidad y el concierto de actuación entre funcionarios responsables de la seguridad del Estado. No estamos hablando de omisión, sino de una estructura de corrupción enquistada en el corazón del Ejecutivo», afirmó la fiscal.
Según afirmó, durante meses el MP sostuvo que existen redes de corrupción operando en las instituciones. «Hoy, los hechos nos dan la razón. Todo lo que el MP ha venido investigando confirman dicha crisis», señaló.
Asimismo, mencionó las denuncias de la Contraloría General de Cuentas, que indican la existencia de corrupción en varias dependencias del Ejecutivo. «La situación es tan generalizada que no puede hablarse de casos aislados. Tenemos una administración colapsada, desordenada, comprometida en su integridad y carente de legitimidad».
Consuelo Porras mencionó que Bernardo Arévalo aceptó públicamente la renuncia de los funcionarios que dirigen (todavía), la cúpula de Gobernación, entre otros. Según dijo, se trata de una decisión incoherente, ante la gravedad de los hechos, ya que debió haberse destituido de inmediato a todos los responsables.
Dicha incoherencia, señaló, es una burla y una afrenta al pueblo de Guatemala, por lo que «respetuosamente, desde el MP, le solicito al señor Presidente que actúe con seriedad y responsabilidad frente al pueblo de Guatemala. «¡Respete a la ciudadanía, señor Presidente», dijo y agregó:
«El país no necesita montajes ni simulaciones políticas. Necesita respuestas y acciones firmes frente a la corrupción, el desorden, la ingobernabilidad y la ineptitud. La realidad es clara y contundente, demuestra que hoy en Guatemala, las instituciones del orden, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad están en crisis. Las denuncias contra los funcionarios del Ejecutivo demuestran la existencia de focos de corrupción que impiden el cumplimiento de los deberes constitucionales del Estado. También queda demostrado que toda la narrativa anticorrupción promovida por el Ejecutivo fue tan solo eso: una narrativa».