Justicia y poder reordenan el tablero latinoamericano

Berit Knudsen

La caída del dictador venezolano produce una catarsis colectiva en América Latina. Más que la salida del hombre en el poder, interrumpe cadenas de miedo, silencios forzados y complicidades regionales que convirtieron la impunidad en una forma de gobierno. Por ello el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro es vivido por millones como una victoria moral, antes de cualquier debate jurídico. Venezuela no es un caso aislado, es el ejemplo reciente de un ecosistema autoritario con dictaduras longevas como la cubana, con 67 años de control político absoluto, pobreza estructural y una población sometida a la tiranía del régimen, mientras muchos en la región miran hacia otro lado, justifican o callan.

La historia reciente ofrece antecedentes incómodos pero necesarios para entender lo ocurrido. Estados Unidos ha recurrido antes a la fuerza para extraer o neutralizar figuras consideradas amenazas graves, sin los canales del derecho internacional. La muerte de Osama Bin Laden fue presentada como una operación antiterrorista de justicia, no como guerra contra Pakistán, pese a la violación de soberanía. La captura de Manuel Noriega en Panamá, tras la invasión de 1989, terminó con un jefe de Estado latinoamericano sentado en los tribunales estadounidenses por narcotráfico, argumentando que al convertirse en criminal dejó de ser gobernante. En el extremo opuesto, Violeta Chamorro en Nicaragua recuerda que la caída de un régimen no garantiza gobernabilidad ni consolidación democrática: una transición mal gestionada, sin control del poder coercitivo ni desmantelamiento de las redes autoritarias, abrió el camino para que Daniel Ortega regresara años después, transformado en dictador.

Donald Trump no encuadra la operación contra Maduro como guerra o invasión, sino como una misión de apoyo a la justicia y la seguridad nacional. Maduro es un acusado, no presidente, prófugo de la justicia estadounidense, imputado por narcoterrorismo en el Distrito Sur de Nueva York. El desplazamiento semántico es el corazón de la estrategia. Trump, en su doble condición constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Poder Ejecutivo, se presenta con la responsabilidad de hacer cumplir la ley federal ante una amenaza directa contra los ciudadanos estadounidenses.

Ese encuadre le permite apoyarse en un andamiaje legal existente que autoriza el uso de capacidades militares en apoyo de agencias civiles para la aplicación de la ley. El derecho estadounidense contempla, desde hace décadas, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren con autoridades civiles en operaciones contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, a pedido de la autoridad competente. No es una excepción, es un cuerpo normativo desarrollado para escenarios donde las amenazas no son ejércitos regulares, sino redes criminales que operan a escala continental y superan las capacidades policiales tradicionales. Por ello, Trump habla del “cartel de los soles”, vinculado a la exportación masiva de drogas y relaciona al régimen venezolano con organizaciones armadas y delictivas.

Al describir la operación como “enforcement”, ejecución de una orden judicial y no como guerra, la Casa Blanca busca moverse en el umbral político más bajo posible del sistema estadounidense. Las guerras requieren autorización del Congreso; las operaciones en aplicación de la ley, no. Pero ese encuadre no elimina todos los controles. Cuando hay hostilidades o riesgo inminente, la War Powers Resolution sigue vigente, obligando al Ejecutivo a reportar al Congreso en 48 horas. Trump no necesita una votación previa, puede actuar y luego informar, defendiendo una acción limitada, puntual y necesaria para la seguridad nacional. La norma de reporte no depende de si fuerzas armadas estadounidenses fueron introducidas en un escenario de combate o equivalente, y ese es un debate inevitable.

La tesis, implícita, es que definir la misión como policial y judicial evita la autorización previa del Congreso, preservando el secreto operativo defendido por Trump, justificando la falta de notificación por el riesgo de filtraciones. En su lógica, eficacia y sorpresa son legítimas: una operación que se filtra, fracasa, o se empantana, pone en riesgo vidas y perpetúa la impunidad del objetivo. Así, Venezuela no sería una intervención clásica, sino un Estado que, a ojos de Washington, pierde la protección política que otorga la soberanía al convertirse en nodo del crimen transnacional.

Hasta aquí, el relato de Trump es coherente con precedentes estadounidenses y una realidad latinoamericana que demuestra, una y otra vez, que las dictaduras no caen por exhortaciones diplomáticas ni comunicados de organismos regionales. La democracia celebra porque un dictador ha caído y millones de venezolanos ven una salida real al encierro que padecen, mientras otros regímenes autoritarios regionales muestran inquietud.

Pero precisamente por la magnitud de lo ocurrido, el debate no puede eludirse. En el penúltimo tramo de cualquier análisis honesto aparece el dilema: si una potencia puede convertir su justicia interna en fundamento para incursiones armadas selectivas en otros países, incluso contra dictadores aborrecibles, ¿qué límites reales quedan para evitar abusos futuros o imitaciones por parte de otras potencias con agendas menos benignas? ¿Dónde trazar la línea entre justicia necesaria y ley del más fuerte? Y, sobre todo, ¿cómo se gestiona el día después para que la caída del tirano no derive en vacío de poder, tutela indefinida o repetir el ciclo autoritario, como ocurrió en Nicaragua?

La democracia latinoamericana tiene hoy motivos para festejar, pero también razones para pensar con frialdad. Celebrar la caída de un dictador no implica renunciar al análisis crítico sobre los medios utilizados o los precedentes que se abren para buscar soluciones. La historia regional enseña que la libertad no solo se conquista derribando al opresor, sino construyendo instituciones capaces de sostenerla cuando el enemigo ya no está.