Junta Disciplinaria pide destitución de dos jueces

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan procesos disciplinarios por hechos que van desde el consumo de alcohol en instalaciones judiciales hasta la presencia reiterada de una menor de edad en el despacho de un juzgador. La Junta Disciplinaria, tras meses de investigación, concluyó que dos de ellos merecen ser destituidos e inhabilitados de por vida para ejercer funciones públicas dentro del sistema judicial.

Redacción

Los jueces José Alfredo Quiñónez, Luis Alejandro Paniagua y William Arturo Chen, del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, fueron señalados por organizar reuniones con licor dentro de su lugar de trabajo y en pleno horario judicial.

La Junta concluyó que Quiñónez fue protagonista directo del consumo de bebidas alcohólicas y recomendó su destitución. A Paniagua se le impuso una sanción económica (20 días sin salario) y Chen fue amonestado por permitir el uso de su oficina para la reunión, aunque no participó en la ingesta.

El caso más grave involucra al juez Walter Fabricio Rosales Hernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal. La investigación reveló que mantuvo a una menor de edad dentro de las instalaciones del juzgado sin justificación legal.

Testimonios señalan que la joven fue vista repetidamente dentro de su oficina, e incluso ingresaba en su vehículo sin ser registrada en los controles de seguridad. Para la Junta Disciplinaria, no hay duda: se trata de una falta grave, por lo que recomendó su remoción inmediata del cargo y la prohibición de ocupar cualquier otra función dentro del OJ.

La resolución ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de la Carrera Judicial. No obstante, para analistas y juristas, la pregunta de fondo no es si estos jueces serán destituidos, sino cuánto está dispuesto a tolerar el sistema antes de reaccionar con firmeza frente a sus propios abusos.

Un patrón que se repite

Según datos del propio OJ, durante 2024 apenas se sancionó al 2% de los jueces que fueron denunciados formalmente. Organizaciones civiles de Alta Verapaz aseguran que estos casos no son la excepción, sino reflejo de un patrón extendido que mezcla relaciones inapropiadas, consumo de licor, tráfico de influencias e incluso nexos con redes de trata de personas.

Durante las audiencias, los jueces implicados negaron todas las acusaciones y calificaron el proceso disciplinario como desproporcionado. Sus abogados anunciaron que analizarán la resolución completa antes de decidir si apelarán o no.

Un órgano disciplinario con las manos atadas

La Junta Disciplinaria cumple con emitir recomendaciones, pero no tiene la última palabra. La decisión final queda en manos de la Corte Suprema, un órgano cuya independencia ha sido cuestionada en numerosas ocasiones.

Mientras tanto, los jueces señalados siguen cobrando sus salarios —y en algunos casos, todavía despachando— como si nada hubiera pasado.