JD del Congreso respalda incremento salarial: Documento oficial revela aprobación
Un documento oficial confirma que la Junta Directiva (JD) del Congreso aprobó un aumento salarial para los diputados, elevando sus sueldos a Q46,700 mensuales. Esta decisión, formalizada en el acta 10-2025 del 4 de febrero, se toma a pesar de una solicitud previa de la Corte Constitucional (CC) para revisar la medida.
Redacción
Según el documento, la decisión fue tomada sin la participación del presidente del Congreso, Nery Ramos, quien alegó no estar completamente informado sobre el aumento al haber faltado a algunas reuniones.
Este incremento se da en un contexto particularmente polémico, considerando que los diputados “independientes” han sido reacios a aprobar pagos que, a su juicio, son menos prioritarios. Un ejemplo claro de esto es la negativa a aumentar el pago a las comadronas, que solicitaron un ajuste de Q6,000 mensuales, pero que finalmente fue aprobado en Q4,000.
Además, la falta de una respuesta clara ante la solicitud de la Corte Constitucional de revisar esta medida agrava aún más la percepción de un manejo opaco y sin rendición de cuentas. Por otro lado, la mayoría de diputados prefieren guardar silencio sobre este jugoso aumento.
La contradicción se hace evidente cuando se compara el respaldo al aumento salarial de los diputados con la falta de voluntad para abordar temas sociales urgentes, como la infraestructura vial. Este tipo de decisiones generan cuestionamientos sobre las prioridades del Congreso, en un contexto económico complejo en el que las demandas sociales exigen un manejo más eficiente y transparente de los recursos públicos.
Pese a que el aumento de sueldo representa una carga significativa en las finanzas del Legislativo, Ramos se deslinda de la responsabilidad, argumentando que la decisión final recae en el Pleno.
«Los miembros de la Junta Directiva han abordado el tema en algunas sesiones sin mi presencia por otros asuntos que he tenido que atender. Desconozco los pormenores hasta este momento, voy a pedir un informe al respecto y luego se los estaremos comentando«, declaró.
Rechazo simbólico y falta de control sobre el proceso
El incremento salarial había quedado en suspenso tras un amparo presentado por los diputados José Chic y Jairo Flores ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el cual impidió el pago de indemnización a los legisladores que no lograran su reelección. Sin embargo, la misma resolución estableció el procedimiento para aplicar el aumento de sueldo.
La CC aclaró que el Pleno del Congreso debe aprobar el ajuste, lo que abre la puerta para su eventual ejecución. Según el acuerdo 31-2024, la junta directiva debe redistribuir los fondos para equiparar el salario de los diputados con el de un magistrado de Sala de Apelaciones, que ronda los Q52 mil mensuales.
Ramos insiste en que su postura ha sido contraria al aumento en todas las etapas del proceso, pero enfatiza que su voto no es decisivo. «Mi voto ha sido en contra en todas las fases de este proceso, pero en la junta directiva somos nueve integrantes y prevalece la decisión de la mayoría. No tengo las facultades como presidente para frenar esto, la ley no me las otorga», afirmó.
A pesar de su supuesta oposición, Ramos evita pronunciarse sobre el impacto financiero del incremento en el presupuesto del Congreso, dejando abierta la posibilidad de que la medida se concrete sin mayor resistencia desde la presidencia del Legislativo.
