Iván Velásquez y el Mingob resucitan convenio de cooperación derogado en 2022

En 2022, Alejandro Giammattei firmó un convenio de cooperación con Colombia. Cuando el ex mandatario se percató de que Iván Velásquez era su contraparte, lo derogó inmediatamente. Ayer, Francisco Jiménez, titular de Gobernación que siempre fue afín a Velásquez, volvió a firmar el convenio, para recibir asesoría de un país asolado por la violencia incontrolable pero además, con un ministro que en Guatemala está señalado por su participación en el caso Odebrecht-Sandoval.

Redacción

El Acuerdo Ministerial 384-2022 estableció un «Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Colombia y el Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala sobre cooperación técnico-policial».

Dicho acuerdo fue publicado en el diario oficial de Guatemala y tenía una duración de cinco años para «transferir conocimientos y formación especializada del personal policial». Días después, Giammattei derogó el acuerdo, que parecía historia finalizada hasta ayer, que el ministro de Gobernación Francisco Jiménez, anunció en sus redes sociales la firma del convenio con Iván Velásquez, ministro de Defensa colombiano que tiene una denuncia penal en Guatemala por su injerencia en el caso Odebrecht y la firma de un convenio ilegal que supuestamente proveería «testigos privilegiados» (que no aportaron absolutamente nada) y terminó costando a Guatemala cientos de millones.

Esto, sumado a que el convenio fue firmado por el fiscal de sección Juan Francisco Sandoval, quien usurpó funciones de la Procuraduría General de la Nación cuando viajó a Brasil con visa de turista (ya que su puesto no le permitía visa oficial) y se animó a firmar un convenio en nombre del Estado. Las órdenes para esta anomalía provenían de Thelma Aldana, quien apostaba a ser presidente del país por Semilla, y de Iván Velásquez, que terminó expulsado de Guatemala y con denuncia penal por este hecho que motivó un incidente diplomático entre Guatemala y Colombia.

En 2018, Guatemala prohibió la entrada del ex comisionado de la CICIG al país. Sin embargo, este mantuvo el aval de la CIDH y otros organismos internacionales, y ahora que el gobierno está encabezado por Semilla, cuya primera candidata presidencial fue el brazo operativo de Velásquez en Guatemala, la reactivación de un convenio que había sido anulado demuestra la tónica del gobierno actual.

Los actores en la «resucitación» de un convenio que podría ser ilegal

¿Paradoja o «alianza estratégica»? Lo cierto es que Francisco Jiménez, el funcionario que acudió a resucitar el convenio de cooperación con Colombia, fue uno de los sindicados por la CICIG que dirigía Velásquez por la adjudicación a Easy Market de un contrato para emitir el Documento Personal de Identificación (DPI).

Según la página de la CICIG, Easy Market se inscribió un año antes de la adjudicación con Q5 mil, y los implicados en la adjudicación le otorgaron un contrato por más de Q868 millones. En 2012, la CICIG exigía que Jiménez y los otros presuntos responsables fueran a prisión.

Pese a que en su momento, Jiménez fue uno de los señalados por la CICIG, ayer apareció sonriente en Colombia, junto a su otrora «verdugo» y a su ex alumno y actual asesor, el joven Sebastián Hernández Matute, personaje sin experiencia previa en temas de seguridad.

Recientemente, el ministro apareció ante los medios en un estado que parecía ser de ebriedad, que él atribuyó a la «descompensación», una condición que suele asociarse con la diabetes. Lo cierto es que, tal como otros funcionarios y diputados semilleros, Jiménez es un tanto confrontativo con los periodistas.

Durante la gestión de Jiménez como ministro de Gobernación (seis meses en 2008), los índices de violencia homicida se dispararon a niveles nunca vistos en Guatemala y aparentemente, la violencia homicida comienza a subir gradualmente. En marzo de 2023, el INACIF investigó 331 muertes violentas que podrían ser homicidios. En marzo recién pasado la cifra subió a 347.

Enero 2024 reporta 330 presuntos homicidios; febrero 248 y marzo, 347, lo que parece un muy leve incremento que, si se mantiene, podría convertirse en motivo de alarma.

Para las autoridades guatemaltecas, el aliado idóneo para reducir las muertes violentas y otros delitos, es nada menos que Iván Velásquez, señalado hace años por los «expedientes alcantarilla» en su país, donde emborrachó a testigos para conducir sus declaraciones.

En Guatemala, los abusos y trayectoria de Velásquez son demasiado conocidos como para volver a reseñarlos. Baste mencionar que el comisionado pretendió reformar la Constitución. Y como ministro de la Defensa bajo un régimen de inclinación comunista como el de Gustavo Petro, el ex comisionado ha sido partícipe de disparates como la oferta del mandatario colombiano, quien propuso pagarles a los ladrones colombianos para que desistieran de delinquir.

¿El mejor aliado para capacitar a las fuerzas de seguridad?

Pareciera un chiste de pésimo gusto, pero para el régimen de Bernardo Arévalo, el aliado más calificado para combatir temas como el narcotráfico es un gobierno cuyo mandatario fue parte de la «narco guerrilla». Además de esto, el fracaso de Velásquez en materia de seguridad es un hecho patente en Colombia, donde el 12 de marzo recién pasado, el Congreso realizó una moción de censura contra Velásquez, «cuestionado en el Congreso por la inseguridad del país, los hurtos, homicidios, masacres y ataques de grupos armados y estructuras al margen de la ley».

Argumentar que la violencia es una «percepción» creada por los medios de comunicación opositores al gobierno, es un elemento que ya mencionó Jiménez en Guatemala, si bien acá la inmensa mayoría de medios son oficialistas y los que tímidamente exponen «la otra cara» de la realidad, son tachados de «netcenter».

Curiosamente, Velásquez también apeló a dicho argumento cuando el Congreso de su país lo cuestionó por la crisis de seguridad que no termina en Colombia. Según afirmó: «los medios tienen la culpa por reproducir las noticias sobre esos hechos». Claramente: los medios no deberían informar sobre robos, homicidios o secuestros, para no alarmar a la población.

En Colombia, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO), informó en marzo sobre:

«Un incremento del 23% en los niveles de inseguridad y delincuencia en Colombia. Además, afirma que el 64% de los comerciantes asegura no sentirse seguro en la zona o localidad donde trabaja y el 57% tampoco se siente seguro en la localidad donde vive. El 30,7% de los encuestados fue víctima de robo, mientras que el 5,6% fue víctima de extorsión».

No fueron suficientes las extralimitaciones de la CICIG en Guatemala. Tampoco se toman en cuenta los fracasos de Velásquez en su deficiente manejo de la seguridad en Colombia. Para el gobierno de Arévalo, el mejor aliado para capacitar a los policías guatemaltecos, es nada menos que Iván Velásquez, denunciado penalmente en Guatemala.