Iniciativa 6593 busca revelar información patrimonial de accionistas
Una publicación del abogado Diego Sagastume-Vidaurre advierte que la iniciativa de ley antilavado presentada por el presidente Bernardo Arévalo obligaría a revelar información confidencial sobre los accionistas de todas las sociedades anónimas del país y permitiría el acceso directo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a esos datos.
Redacción
La alerta gira en torno a la Iniciativa 6593, que será enviada al Congreso con carácter de urgencia nacional. El proyecto busca modernizar el marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero según expertos, podría tener implicaciones graves en materia de confidencialidad empresarial, privacidad patrimonial y respeto a derechos constitucionales.
¿Qué revela la iniciativa?
La iniciativa propone modificar el artículo 125 del Código de Comercio, para establecer la obligación de las empresas de llevar un registro detallado de sus accionistas. Entre los datos requeridos se incluyen:
- Nombre completo, nacionalidad y documento de identificación (para personas individuales).
- Razón social, país de constitución e identificación legal (para personas jurídicas).
- Dirección física y correo electrónico de cada accionista.
- Información de quienes actúan como fiduciarios o administradores indirectos.
Este registro deberá ser reportado al Registro Mercantil, que mantendrá una base de datos electrónica a disposición de la SAT y del Ministerio Público, sin que se mencione la necesidad de orden judicial o control previo.
Críticas: intento reiterado e inconstitucional
Según Sagastume-Vidaurre, esta no es la primera vez que se intenta obtener esta información por vías administrativas o legales. Recuerda que anteriormente se intentó introducir estos mecanismos:
- A través de una resolución del superintendente interino de la SAT.
- Con una reforma al artículo 120 del Código Tributario dentro de la llamada “ley de ganaderos”.
- Mediante modificaciones al reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).
Todos estos intentos fueron declarados inconstitucionales o detenidos por la Corte de Constitucionalidad. “Ahora lo intentan nuevamente, por vía legislativa. Es un borrón y cuenta nueva, pero con las mismas intenciones”, escribió el abogado, quien calificó la medida como una “burla directa” al máximo tribunal constitucional del país.
La postura del gobierno
El presidente Arévalo anunció la iniciativa el pasado domingo 27 de julio, en un video oficial acompañado por miembros clave de su gabinete económico y de seguridad. El mandatario explicó que la ley busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, combatir la evasión fiscal y evitar que Guatemala ingrese a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según el Ejecutivo, si la ley no se aprueba en 2025, el país enfrentaría restricciones financieras internacionales, dificultades para enviar remesas, encarecimiento del crédito externo y pérdida de corresponsalías bancarias.
“Cada quetzal lavado financia corrupción, trata de personas, narcotráfico y debilita nuestras instituciones. No es una ley más, es un paso necesario”, declaró Arévalo.
Transparencia vs. garantías constitucionales
Aunque el objetivo declarado de la ley es legítimo, las críticas apuntan al desequilibrio entre seguridad financiera y garantías constitucionales. “Revelar el correo, la dirección y datos sensibles de los accionistas sin autorización judicial es peligroso”, afirmó Sagastume-Vidaurre, quien advirtió sobre el riesgo de persecución fiscal discrecional o uso político de la información.
La ley, además, contempla sanciones de hasta 50 salarios mínimos para quienes incumplan con la entrega de estos datos al Registro Mercantil.
Si bien la modernización del marco legal antilavado es urgente, varios sectores piden que se haga sin sacrificar derechos fundamentales como la privacidad patrimonial, el debido proceso y la reserva de información protegida por la Constitución.
