HRW busca respaldo de UE para presionar a operadores de justicia y políticos

Human Rights Watch busca el respaldo de la Unión Europea para ejercer presión sobre operadores de justicia y políticos guatemaltecos, sugiriendo la imposición de sanciones, así como el financiamiento a medios y organizaciones no gubernamentales alineadas con su agenda. Además, propone utilizar el Acuerdo de Asociación como herramienta para intervenir en decisiones internas y en procesos judiciales selectivos.

Redacción

En una carta enviada el 8 de mayo a los representantes europeos, HRW argumenta que persisten graves retrocesos en materia de derechos humanos y estado de derecho, y recomienda tomar represalias diplomáticas y financieras no solo contra operadores de justicia, sino también contra diputados, empresarios y funcionarios públicos.

El planteamiento de HRW refleja una estrategia que trasciende la defensa de los derechos humanos. Al priorizar casos selectivos y pedir apoyo directo para sectores alineados ideológicamente con su agenda, la organización se posiciona como un actor político con capacidad de incidir en la política interna guatemalteca mediante palancas internacionales.

Esto revive el debate sobre los límites de la injerencia extranjera en asuntos nacionales, sobre todo en el sistema de justicia. Aunque el combate a la impunidad y la corrupción sigue siendo una exigencia válida para muchos sectores, el uso de mecanismos diplomáticos para presionar en procesos judiciales específicos plantea interrogantes sobre la imparcialidad, independencia judicial y el respeto al principio de no intervención.

HRW apunta al Ministerio Público

Human Rights Watch (HRW) no solo ha centrado su atención en el gobierno de Guatemala, sino también en el Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras. En particular, la organización señala el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exlíderes de los 48 Cantones y actuales funcionarios del Ministerio de Ambiente.

HRW llega incluso al extremo de sugerir que la UE supervise directamente el proceso judicial contra ambos, una recomendación que subraya la falta de respeto por la independencia judicial de Guatemala. Este planteamiento se inserta en un marco más amplio de presiones internacionales que buscan interferir en los procesos internos de justicia del país.

HRW también señala que la UE debería aplicar sanciones contra diputados, magistrados y jueces que forman parte de lo que considera una red para socavar la democracia en Guatemala.

Felipe Alejos, Luis Mauricio Corado y otros

Entre los mencionados por HRW en su lista de actores clave a sancionar figuran el diputado Felipe Alejos, el magistrado Luis Mauricio Corado, y los jueces Jimi Bremer, Víctor Cruz y Carol Patricia Flores.

Esta vez, HRW refuerza su campaña señalando a estos personajes como parte de un entramado que busca minar el sistema judicial guatemalteco y convertirlo en un campo de batalla geopolítico.

Una solicitud que va más allá de la justicia

Además de demandar sanciones personales, HRW insta a la UE a ejercer un seguimiento constante a los procesos judiciales y nombramientos clave que se avecinan en 2026, incluyendo la elección del próximo fiscal general, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral y el Contralor General de Cuentas. HRW también sugiere:

• Evaluar la responsabilidad de magistrados, diputados y empresarios que, a su juicio, podrían estar involucrados en violaciones de derechos humanos;
• Incrementar el financiamiento a medios y ONG afines a su agenda, en nombre de la libertad de prensa y la defensa de la democracia;
• Monitorear el proceso judicial contra Mynor Pacheco y Heidy Chaclán, y cualquier otro caso que involucre a funcionarios cercanos al gobierno de Bernardo Arévalo;
• Promover una respuesta regional coordinada desde América Latina para denunciar al Ministerio Público.

Estas peticiones, expresadas en términos diplomáticos, suponen una presión directa sobre el Estado guatemalteco, sus instituciones y su soberanía judicial.

El Acuerdo de Asociación como instrumento de presión

Lo más revelador es que HRW vincula sus demandas con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, apelando a su cláusula democrática para justificar una mayor intervención.

Este instrumento de cooperación, firmado en 2012, establece en su artículo 1 que el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos es un “elemento esencial”, pero HRW interpreta dicha cláusula como base jurídica para condicionar decisiones internas del Estado guatemalteco.

Este enfoque no es aislado. Hace una semana, el presidente Bernardo Arévalo decidió retirar la reserva que Guatemala mantenía sobre el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT). Dicha cláusula establece que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

En otras palabras, las decisiones nacionales podrían quedar subordinadas a interpretaciones externas, lo que debilita la soberanía legal del país frente a organismos internacionales o socios comerciales que aleguen “violaciones democráticas”.

Todo apunta a que la eliminación de la reserva al artículo 27 de la CVDT aumenta la capacidad de actores externos para condicionar decisiones del Estado. Esta decisión abre la puerta a que cualquier conflicto legal o político interno sea evaluado bajo estándares externos y utilizado como justificación para imponer sanciones o condicionar relaciones internacionales, como ahora sugiere HRW.