«Hay ratas» en el Ministerio de Gobernación, dice Jiménez
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y otras autoridades de seguridad se reunieron el jueves 25 de abril con los diputados Jairo Flores y Orlando Blanco, del bloque VOS, para discutir varios temas relacionados con la seguridad del país. En el encuentro se abordaron temas como la contratación de personal, la formación policial, el Sistema Penitenciario y desafíos como la violencia de pandillas y la trata de personas.
Redacción
Durante la reunión, Jiménez informó sobre posibles irregularidades en sus dependencias, incluyendo cobros ilegales para el ingreso a la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC), traslados indebidos y autorizaciones sospechosas para ascensos de personal.
Por su parte, la viceministra de Seguridad del Ministerio de Gobernación (Mingob), Claudia Palencia, explicó que los hallazgos de los cuerpos envueltos en sábanas se deben al asesinato de dos líderes del Barrio 18 en la Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.
Según el ministro de Gobernación, la cifra de 7 muertes violentas diarias es un dato que aunque sigue siendo alarmante, se mantiene en el rango de lo “normal”.
Salarios injustificados
El diputado Jairo Flores cuestionó al ministro por las contrataciones bajo el renglón 029 en Gobernación, que incluyen contratos a personal no calificado con altos salarios, como el hijo de la concejal Nino Matute, quien percibe un salario de Q15,000 mensuales como asesor.
El diputado de la bancada VOS solicitó al ministro de gobernación una revisión detallada de los contratos de 029 y 182, ya que hay salarios de aproximadamente 28 mil quetzales. «Hay peritos en administración de empresa con honorarios de Q28 mil, un salario que está por arriba del salario de un profesional», señaló Flores.
Mingob investiga denuncias internas
Jiménez afirmó que hay investigaciones en curso dentro del Ministerio de Gobernación (Mingob) y sus dependencias debido a denuncias y sospechas de actividades ilegales.
El ministro también se refirió a posibles casos de corrupción en el Sistema Penitenciario, donde guardias y funcionarios de alto nivel podrían estar facilitando la comisión de actos ilícitos dentro de las cárceles, incluyendo la trata de personas.
Jiménez destacó que todavía no se han presentado denuncias penales por estos casos, ya que se busca reunir pruebas sólidas para fortalecer las investigaciones antes de llevarlas al Ministerio Público.
