Hace 100 años: El gobierno de José María Orellana decretó pena de muerte para los asaltantes de caminos
El 14 de febrero de 1924, el gobierno de José María Orellana dictó un decreto radical que buscaba imponer orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Orellana, quien había asumido la presidencia tras un golpe de Estado en 1921, buscaba enviar un mensaje claro y sin ambigüedades: cero tolerancia ante los delitos cometidos en los caminos.
Redacción
El decreto número 887, que introducía la pena de muerte para los robos en caminos, imponía procedimientos sumarios para los delitos, con tribunales militares encargados de juzgar y sancionar rápidamente. En caso de captura en flagrancia, el proceso debía resolverse en un plazo máximo de 48 horas, un esfuerzo por erradicar la impunidad y sembrar el temor en los delincuentes.
Este decreto fue una manifestación del estilo firme de Orellana, quien entendía que la seguridad era esencial para la estabilidad del país, intentó imponer orden a través de la fuerza pública y los castigos ejemplares.
Además de este decreto, el gobierno de Orellana implementó otras medidas significativas, como la creación del Banco Central de Guatemala, la adopción del patrón oro y la introducción del quetzal como nueva unidad monetaria del país.
Al reflexionar sobre este evento histórico, se observa un contraste con las autoridades actuales, que parecen distantes de ese enfoque enérgico.
